El gobierno español y las comunidades autónomas se reúnen este miércoles por la mañana en un Consejo de Política Fiscal y Financiera que se prevé tenso porque supondrá el primer asalto de la batalla por el nuevo modelo de financiación, que está caducado desde 2014. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la Generalitat se enfrentan a las comunidades gobernadas por el PP, que ya se han mostrado contrarias a la propuesta que han negociado el gobierno español y ERC, que, según defienden, combina la “singularidad” que reclama Cataluña y la solidaridad con el resto de regiones. El nuevo modelo supondría un aumento de casi 21.000 millones de euros para el conjunto de las comunidades, de los cuales 4.686 serían para Cataluña, un 22,3% del total. Este planteamiento ha llevado al PP a acusar a Pedro Sánchez de pactar un “cupón independentista” para satisfacer a los republicanos, pero tampoco han planteado ninguna propuesta alternativa.
En cambio, desde la Moncloa insisten en que el acuerdo con ERC cumple el compromiso que Sánchez asumió en la Conferencia de Presidentes de Barcelona del pasado mes de junio. “No es un traje a medida ni un privilegio para Cataluña”, decían fuentes del gobierno español hace unos días, que intenta hacer malabarismos para satisfacer las demandas del partido de Oriol Junqueras y, al mismo tiempo, presentar el acuerdo como una solución beneficiosa también para el resto de regiones, que obtendrán más dinero gracias a la cesión de un porcentaje más elevado de impuestos como el IVA o el IRPF. La jugada es similar a la que Hacienda hizo con la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que en un primer momento se negoció solo con ERC y después se hizo extensible al resto de territorios en las mismas condiciones que se ofrecían a Cataluña para que no se percibiera como un privilegio para la Generalitat.
El calendario de la nueva financiación
La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera debe servir solo para presentar la propuesta a las comunidades y no está previsto que haya ninguna votación, que se producirá en un nuevo encuentro antes del verano. El gobierno español tiene el 50% de los votos del CPFF, por lo que solo necesita el apoyo de Cataluña para sacarlo adelante. Después debería aprobarlo el Consejo de Ministros como anteproyecto de ley orgánica, informa la Agencia Catalana de Noticias (ACN). El siguiente paso es pedir y recibir todos los informes preceptivos de organismos como el Consejo de Estado y finalmente el gobierno español llevará la propuesta al Congreso en forma de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). En la cámara baja se deberá superar otro gran obstáculo: el rechazo de Junts, que apuesta por un modelo de transición hacia un concierto económico para Cataluña, y las reticencias de Podemos y algunos sectores de Sumar.
Las cifras clave del nuevo modelo
El nuevo modelo de financiación pactado entre Sánchez y Junqueras plantea como gran novedad un aumento de la capacidad de gestión de impuestos como el IRPF, que se incrementa del 50% actual al 55%, y del IVA, que pasa del 50% al 56,5%. También se modifican los criterios de población ajustada y los mecanismos de compensación entre territorios y se propone un sistema más ágil para pagar las entregas a cuenta, es decir, el dinero que las comunidades reciben por adelantado del sistema de financiación. En total, el Estado repartirá 20.975 millones de euros más entre todas las comunidades, de los cuales 4.686 millones serían para Cataluña. Con todo, no sería la región más beneficiada, ya que se calcula que Andalucía, donde Montero será la candidata del PSOE en las próximas elecciones autonómicas, recibirá 4.846 millones más.
Así, Cataluña sería la tercera comunidad que más aporta al sistema y la tercera que más recibe, equilibrando así parte del déficit histórico que ha sufrido el país, que actualmente es la décima región a la hora de recibir recursos del Estado. Una de las claves del nuevo modelo de financiación es que premia a las autonomías con más vocación de autogobierno, como Cataluña, para que puedan desplegar nuevas competencias y recibir los recursos necesarios para hacerlo. A la hora de repartir los recursos también tiene en cuenta la singularidad catalana en el sentido de que la Generalitat tiene competencias propias como los servicios penitenciarios o los Mossos d’Esquadra que otros territorios no tienen y, por lo tanto, necesita más dinero que el resto porque también tiene más gastos.
Cataluña contra todos
La consejera de Economía, Alícia Romero, tendrá la difícil tarea de representar a Cataluña en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y defender el nuevo modelo de financiación ante el resto de consejeros de Economía, la mayoría del PP, pero también los socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha, que ya han adelantado que presentarán batalla. La Comunidad de Madrid ya ha dicho que la propuesta solo busca pagar la “fiesta independentista” y que dejará a los madrileños con la “mitad de los recursos que tienen los catalanes”. Aragón considera que el nuevo modelo es una “imposición” del gobierno español que “se ha pactado con un prófugo y un delincuente como Junqueras”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, decía el lunes desde Barcelona que la propuesta es “inaceptable”, «una falta de respeto» y una “tomadura de pelo” a los catalanes y reclamó que la reforma del sistema se negocie en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y no de forma bilateral entre el ejecutivo español y ERC.
