Los letrados del Senado han concluido que ley de amnistía aprobada en el congreso es una «reforma encubierta de la Constitución» y que, en consecuencia, la norma es inconstitucional, según un informe publicado este lunes donde critican la tramitación y el fondo de la nueva ley. En el texto, los letrados consideran que la nueva ley «incurriría en motivos de inconstitucionalidad para vulnerar varios principios, valores y derechos fundamentales que se contienen en la Constitución». Además, aseguran que el texto «supone una invasión del contenido esencial de varios derechos fundamentales y de la separación de poderes, que son las dos notas características del concepto de constitución».
Desde el punto de vista material, los letrados del Senado sostienen que la amnistía vulnera varios principios, valores y derechos fundamentales de la Constitución, como por ejemplo el valor superior de Justicia, la separación de poderes, el principio de igualdad, libertad ideológica, de seguridad jurídica y de legalidad penal. De hecho, los letrados aseguran que la proposición de ley es incompatible con los valores del Tratado de la Unión Europea resaltando que los delitos de terrorismo, «de una forma incorrecta, se remiten a una Directiva Europea que ya no resulta de aplicación», puesto que ha sido «traspuesta y, por lo tanto, está agotada».
Respecto a la malversación, los letrados apuntan que con la amnistía se está «eliminando su consideración como infracción penal, aunque sea para un ámbito temporal y personal, limitado y concreto», infringiendo así la directiva europea. Así mismo, los letrados descartan que la situación política actual respecto del ‘proceso’ sea comparable a otras situaciones históricas en las cuales las amnistías han sido aplicadas para superar un régimen o cambiar de ciclo político –como por ejemplo la del 1978-, y recuerdan que la amnistía es una «figura excepcional que responde a un cambio de orden político inspirado en nuevos valores».
La ley se tiene que tramitar
Todo y esta serie de críticas a la ley, los letrados de la cámara alta española consideran que la norma tiene que continuar con la tramitación obligatoriamente. En este sentido, los letrados explican que el único efecto que se conseguiría no admitiendo a trámite la ley es que la ley quedaría «aprobada incluso antes del que se prevé» y se perderían «dos debates políticos de máxima relevancia».
Es por eso que la Mesa del Senado ya ha reiterado que admitirá la norma a trámite, aunque la considere inconstitucional insistiendo en el hecho que «tendría que plantearse un desglose de la iniciativa«; además de «concretar el plazo para la tramitación», sobre el que en estos momentos pesa «una grave indeterminación porque está pendiente de resolución y en fase de alegaciones el recurso de inconstitucional interpuesto contra la reforma del Reglamento».
Finalmente, señalan que después de la entrada de la iniciativa en la cámara alta «se podría plantear un conflicto entre órganos constitucionales» en dos fases: una «previa mediante la celebración de un pleno en el Senado» para pedir en el Congreso la retirada de la proposición de ley y una posterior ante el TC, «con petición de suspensión cautelar del procedimiento legislativo» por el «perjuicio irreversible que la espera de la resolución del Alto Tribunal pudiera provocar en las atribuciones que la Constitución confiere en la cámara alta».
