La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este miércoles durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que la adscripción al nuevo modelo de financiación será voluntaria y que cada comunidad podrá decidir si lo aplica o conserva el vigente. Con esta maniobra, Montero intenta desactivar las críticas de las comunidades del PP, y también del PSOE, que han mostrado su oposición frontal a la propuesta acordada entre el gobierno español y ERC. La reunión con los consejeros autonómicos de Economía y Hacienda ha servido para presentar las líneas maestras del nuevo modelo, que aporta 21.000 millones de euros más al sistema, de los cuales casi 4.700 millones serán para Cataluña.
Montero ha invitado a las comunidades rebeldes a quedarse con el modelo vigente, una opción que fuentes del gobierno español recuerdan que “no es nueva”, ya que también se introdujo en la reforma aprobada en 2009, aunque ese año ninguna región optó por conservar el modelo anterior. La ministra de Hacienda también ha comunicado que pronto abrirá una ronda de reuniones bilaterales entre equipos técnicos del ministerio y de las consejerías para profundizar en el diseño del modelo y explicarles la letra pequeña del acuerdo. De hecho, la estrategia es la misma que con la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que también se pactó con ERC y que, ante las críticas del PP, se decidió que sería voluntaria y que no exigiría ninguna contrapartida.
Antes de la reunión, los consejeros del PP coincidieron en cargar con dureza contra el “modelo Junqueras” y aseguraron que el sistema “nace muerto”. La consejera de Economía de Andalucía, Carolina España, calificó la propuesta de “champán y caviar para el independentismo” y “menú del día para el resto de los españoles”. Pero las críticas también llegan desde el mismo PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, afirmó que es “un privilegio consecuencia de un chantaje independentista” y que “un privilegio en manos de un independentista no es solo la ruptura de la igualdad, sino que es asumido como un paso más hacia su meta”.
Cataluña reclama un debate “sereno”
La consejera de Economía, Alícia Romero, pidió antes del encuentro un debate «sereno, racional y con datos sobre la mesa» que evite «el anticatalanismo». En declaraciones a los medios de comunicación minutos antes de entrar a la reunión, Romero defendió que el nuevo modelo es «más justo y equitativo» y destacó que todas las comunidades «ganan». También recordó que un 70% de los 20.975 millones de euros más que supondría el nuevo sistema irán a parar a comunidades gobernadas por el PP. Así, la consejera instó a los populares a explicar «muy bien a sus ciudadanos cómo renunciarán a los recursos» y les reclamó altura de miras. «Veremos qué debate hacen y qué argumentos utilizan», dijo Romero. «Ni insolidaridad ni desigualdad aparecen en el nuevo modelo, al contrario, se mejoran estos aspectos y se garantizan”.
Por su parte, la presidenta de los Comuns en el Parlamento, Jéssica Albiach, aseguró que sería «positivo» que los grupos en el Congreso puedan incorporar enmiendas para «mejorar» el nuevo sistema de financiación. «No está acabado ni blindado», dijo Albiach en declaraciones a Catalunya Ràdio. Su formación es partidaria de introducir el criterio del coste de vida en el nuevo modelo de financiación durante el trámite parlamentario, una opción que también defiende el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, en caso de no poder conseguir un “cambio de modelo” más profundo que blinde la ordinalidad.
