El Congreso de los Diputados debatirá y votará este jueves la ley de amnistía en plena resaca por el anuncio de adelanto electoral hecho por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. El no de los comunes a los presupuestos catalanes ha provocado un terremoto político que, de momento, ya ha tenido una primera réplica en Madrid. El gobierno español ha renunciado a presentar presupuestos ante las dificultades de pactar con ERC y Junts, que estarán en campaña o en negociaciones postelectorales durante la fase clave de la tramitación de las cuentas, que en condiciones normales se podría alargar hasta finales de junio. La segunda derivada es que el Ayuntamiento de Barcelona también puede entrar en una fase de parálisis, con un Jaume Collboni que se puede ver forzado a recurrir a la cuestión de confianza para sacar adelante sus presupuestos y la incógnita sobre si hará movimientos para ampliar su gobierno o habrá que esperar en verano, cuando se habrá aclarado el tablero político en el Parlamento.
Si no hay ningún contratiempo, la ley de amnistía tendría que pasar el trámite con el voto del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB y BNG. Después será remitida en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y está dispuesto a retenerla tanto tiempo como le permita la ley. La reforma exprés del Reglamento promovida por los populares le da hasta dos meses de margen, con lo cual la norma no volvería al Congreso hasta mediados de mayo, coincidiendo con las elecciones en el Parlamento. Entonces la cámara baja lo tendría que avalar definitivamente para que entrara en vigor y en aquel momento empezará la batalla legal de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad para, entre otras cosas, definir si Carles Puigdemont, que Junts pretende presentar como cabeza de lista, podrá asistir al debate de investidura.
El debate empezará hacia las 11.00, con un turno de palabra de siete minutos para cada grupo parlamentario para que pueda fijar su posición sobre la ley. Previsiblemente, todas las formaciones de la mayoría de investidura de Sánchez se posicionarán a favor y solo el PP, Vox, UPN y CC avanzarán su voto en contra. Igual que en anteriores fases de la tramitación de la ley de amnistía, primero se votará el dictamen con el marcador, el sistema electrónico tradicional, y después se hará una segunda votación por llamamiento. La mesa dirá el nombre de cada diputado, que tendrá que verbalizar su voto. Esta doble votación atrasará el proceso una media hora.
El trámite del Senado, la gran incógnita de la amnistía
El PP tiene la intención de utilizar el trámite del Senado para hacer oposición, puesto que considera que la ley es un acto de “corrupción política” del PSOE, que, dicen, está dispuesto a hacer todas las concesiones que pidan los independentistas catalanes para mantenerse a la Moncloa. Durante el trámite, que se puede alargar hasta dos meses, los populares pueden optar por rechazar el texto del todo o introducir enmiendas que diluyan el alcance. Una vez vuelva al Congreso, es previsible que la mayoría de investidura le vuelva a dar luz verde. En paralelo, el PP ha pedido comparecencias, un informe no preceptivo al Consejo General del Poder Judicial que ha creado una crisis interna al gobierno de los jueces e incluso una misión internacional de la Comisión de Venecia, que se ha girado en su contra y ha acabado dando alas a Pedro Sánchez para dar más solidez a la ley. Según el calendario del Congreso, la ley de amnistía se volvería a votar a finales de mayo o principios de junio, cuando se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor.
