El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha editado un documento con que se define, se justifica y muestra «orgullo» por su trabajo. Los responsables del centro dejan claro para quién trabajan y con qué objetivos. El documento, titulado
El informe detalla que el CNI tiene delegaciones en todas las comunidades autónomas, así como representaciones en países de cuatro continentes. Así mismo, recuerda que su «producto» tiene como finalidad «coadyuvar» con el presidente español y su ejecutivo en el «proceso de toma de decisiones al más alto nivel». En este contexto, el CNI presume de ser un servicio de inteligencia «único» en el Estado que no solo evita «solapamientos», sino que además sale más barato a los ciudadanos porque permite «abaratar costes». En definitiva, el CNI resalta que es «responsable de prevenir y contribuir a evitar cualquier amenaza o agresión contra el ordenamiento constitucional y la estabilidad del estado de derecho y sus instituciones». Una definición donde también se refieren claramente cualquier intento de secesión.
Una herramienta «transparente»pero «secreta»
El documento, de 60 páginas, subraya que quiere ser una aportación más a la «transparencia» de la institución que dirige Esperanza Casteleiro. «El CNI», se lee en el texto, «es consciente de que la sociedad actual tiene un acceso cada vez mayor a la información, y es muy exigente en cuanto al respeto y la garantía de su sistema de derechos y libertades, y se muestra refractaria a aceptar espacios que permanezcan ajenos a la transparencia que tiene que regir las acciones del Estado». En este contexto, el documento recoge que los servicios secretos encuentran su «inspiración» en los principios de la Constitución y sobre todo de su ley reguladora, la 11/2002 de seis de mayo, en concreto en la exposición de motivos del texto legal. Así, transcribe de esta ley que la «sociedad reclamaba unos servicios de inteligencia eficaces, especializados y modernos, capaces de afrontar los nuevos retos del actual escenario nacional e internacional».
Aun así, enfatiza que sus tareas son declaradas «secretas» y que actúa cuando el Estado como tal no puede actuar, es decir, como un servicio del Estado
Gobierno, tecnología especial y «orgullosos de hacer el trabajo»
«La misión del CNI», explicita el documento, «es facilitar al presidente del gobierno y al gobierno de la nación informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir o evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o la integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del estado de derecho y sus instituciones». Con esta premisa, el informe subraya que otorga al ejecutivo «elementos de juicio estratégicos» para «avanzarse a la materialización de riesgos y amenazas y así evitar o paliar sus efectos». De hecho, el texto llega a definir esta relación como la que «existe entre un cliente y un proveedor de servicio». Así, deja claro que el CNI «defiende la soberanía nacional y lo hace ante las agresiones tanto de países como de grupos de personas».
Curiosamente, el CNI presume de tener sistemas «propios de obtención de información». Es decir, sistemas para intervenir telecomunicaciones como el polémico Pegasus, tal como fue reconocido en la comisión de Gastos Reservados del Congreso por la polémica del Catalangate. «El CNI tiene capacidad para utilizar procedimientos propios de obtención de información que están solo en su alcance, que le han sido asignados por ley y que están sometidos a un control judicial previo». «Es información obtenida que está únicamente en su alcance y resulta útil a sus destinatarios», concluye. Y así alerta que «estos medios son diferentes de los utilizados por otros organismos del Estado». «Es un servicio que no tenemos que ocultar y del cual nos sentimos legítimamente orgullosos», sentencia el texto.
