El gobierno español y la Comisión Europea han firmado la paz después de un intercambio de declaraciones sobre la ley de amnistía que había tensado las relaciones entre Madrid y Bruselas. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha reculado y ha admitido que la Comisión Europea tiene “preguntas” sobre la ley de amnistía. En días anteriores, Bolaños había asegurado que Bruselas no tenía “ninguna preocupación” sobre la ley que se debatirá en el Congreso después del puente. Las declaraciones del nuevo hombre fuerte del gobierno de Pedro Sánchez provocaron una doble reacción del ejecutivo comunitario, que ha insistido que vigila de cerca la amnistía.
Bolaños y el comisario de Justicia, Didier Reynders, han escenificado el reencuentro en una rueda de prensa conjunta. Los dos se reunieron la semana pasada para tratar la letra pequeña de la ley. El ministro de Presidencia ha explicado que el gobierno español y la Comisión Europea tienen una “posición alineada” en el proceso para resolver las “preguntas” del ejecutivo comunitario y que mantienen un “diálogo abierto, fluido y transparente”. Las palabras de Bolaños fueron aprovechadas por el PP para hurgar en las dudas que genera la amnistía a Europa.
Por su parte, Reynders ha asegurado que mantiene una “buena” interlocución con el gobierno español y que no emitirán ningún posicionamiento sobre la ley de amnistía hasta que el Congreso de los Diputados haya aprobado el texto definitivo. El comisario de Justicia no ha querido dar detalles sobre las conversaciones que mantiene con Madrid para aclarar sus dudas, pero desde el primer día la gran preocupación de Bruselas ha sido cómo afectará la amnistía a los delitos de malversación, puesto que la lucha contra la corrupción es uno de los esos centrales de la Comisión Europea.
Dardo al PP por la renovación del CGPJ
El gobierno español ha aprovechado la reunión con Reynders para enviar un dardo al PP por el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hace años que está encallada. Los populares dicen que no quieren renovar el CGPJ hasta que se haya consensuado un nuevo sistema de elección de los jueces, mientras que el gobierno español y Bruselas apuestan para hacerlo a la inversa. Es decir, primero pactar los nuevos cargos y después abrir un proceso de negociación para desvincular de la política la elección de la cúpula del Poder Judicial. El comisario de Justicia ha asegurado que la renovación del CGPJ es una “prioridad” de Bruselas. «Después de cinco años, [la renovación] es todavía más urgente”, ha dicho.
