La voz que la Candidatura de Unidad Popular ha probado de levantar contra el que Laure Vega denomina «la política de la impotencia» no se ha sentido durante los primeros minutos del inicio de la campaña electoral. El tradicional retraso técnico –el audio no llegaba a las cámaras de las televisiones– ha atrasado unos minutos la intervención de las dos voces que los anticapitalistas han elegido para acontecer la cara visible de la redefinición estratégica del partido. El retraso, pero, no ha enfriado el discurso de Vega, que ha empezado su intervención negando que «ningún derecho se haya podido garantizar a través del mercado». Con el mercado en el centro, el modelo económico actual de Cataluña –que consideran al servicio de las grandes élites empresariales– es el primer enemigo de los cupaires este 12-M. La parte de arriba de la pirámide, asegura la candidata, «no vive los lujos de manera separada»: manchan el conjunto de una estructura que sitúan en el centro de la mayoría de agravios que sufre la población del país, de la inflación alimentaria al cambio climático, pasando por el mal funcionamiento de los servicios públicos.
Al centro de la denuncia de los anticapitalistas hay el que denominan una «privatización de los derechos»: cuestiones que, describe Vega, tendrían que estar garantizadas para fundamentar la buena vida del conjunto de la sociedad, «se han vuelto el privilegio de unos pocos». La bastante motriz del programa anticapitalista, pues, es pasar «de un momento individual a uno de universal» –más sencillo, en palabras de Estrada, «que toda la gente pueda llevar vidas dignas»–. Para hacerlo, las medidas clave son, justo es decir, anchamente ambiciosas: el Plan Independízate, todavía sin concretar, pero ya presentado en sociedad, plantea ampliar el parque de vivienda pública en 400.000 inmuebles dedicados a alquileres asequibles; mientras que las nuevas estructuras públicas, como la Energética o la distribuidora alimentaria, buscan competir al mercado con un gran sector privado que ven como causante final de los males de las clases populares. «La inflación se carga sobre los hombros de los trabajadores», apostilla la número 2, mientras los beneficios empresariales se disparan, en el que ha descrito como «la crisis de la avaricia».
Una Vega especialmente propositiva ha encontrado su contrapunto en Estrada, especialmente agresiva contra los reproches que la CUP ha recibido a lo largo de su actividad parlamentaria. «Los que se erigen en los amos de este país nos recriminan ser los del no a todo», ironiza la presidenciable, afilando el discurso, de nuevo, contra la principal patronal del país, Foment del Treball. En un golpazo, la tarraconense ha negado «el casino más grande de Europa, la barra libre de agua por el turismo, el empobrecimiento de las mayorías». En conjunto, el no a los «límites» impuesto por las grandes fortunas, pero también por el gobierno español. A ojos de los anticapitalistas, en un vínculo histórico entre liberación nacional y emancipación social, las medidas necesarias para garantizar la vida de las mayorías chocan con «los límites del régimen del 78». En este sentido, reprochan a los grandes partidos del independentismo una renuncia de la agenda nacional en favor de Moncloa, pero también de vía Laietana 32.
La legislatura de la resignación
El actual modelo económico catalán tambaleaba, a ojos de los cupaires, al inicio de la última legislatura. El 2021, con el que Estrada suele definir como «una mayoría independentista con una mayoría de izquierdas» adentro, tenía que permitir «avanzar en clave nacional y desplegar políticas sociales» para erosionar la estructura del país. Medidas como la energética pública, la distribuidora alimentaria o el estudio de la Renta Básica Universal prometían «ilusión» para los espacios progresistas; si bien la alegría de los pobres dura poco rato. «Acabamos la legislatura con ERC y Juntos dialogando con el PSC», lamenta la jefa de lista, en una nueva era del parlamentarismo catalán que denomina «sociovergència republicana». «Perlas» como el entendimiento legislativo para aceptar el castellano como lengua vehicular en la escuela, o el récord en desahucios contra locatarios de pisos propiedad de la Generalitat, ejemplifican la ruptura en el movimiento independentista que, a ojos suyos, explica la frustración de las bases.
El cambio de rumbo cupaire -esta
Sánchez Llibre, el exterior constituyente
Pocas veces la Candidatura de Unidad Popular había optado para señalar con nombre y apellidos el que consideran el enemigo del cimiento social que quieren representar. Desde la convocatoria de elecciones, los anticapitalistas han elegido el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, como -así lo denominan los politólogos madrileños- el exterior constituyente de su espacio político; el umbral contra el cual los suyos podan reconocerse. Es el empresario y exdiputado de Unión Democrática el ejemplo de la renuncia a «la agenda nacional y social» que ha condenado la legislatura del 52%. También el termómetro de la salud de los movimientos sociales, con sus llamamientos la eliminación del impuesto de sucesiones vía tribunal de Estrasburgo. «Si puede decir esto y no nos indignamos, es que van ganando», alerta Vega. Para desdibujar la fuerza del rival, pero, la santboiana se ha permitido ironizar con la carrera empresarial del dirigente: «Preside Fomento del Trabajo, pero no ha trabajado mucho».
