La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía, la temida UDEF, estaba metida hasta el cuello en la operación Catalunya. De hecho, su jefe, el comisario José Luis Olivera, estaba tan al corriente que incluso se jactó de su participación en una de las grabaciones difundidas por El Món. Ahora bien, la connivencia de esta unidad de élite del CNP, que el mismo excomisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, denunció en su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso, se va aclarando aún más a través de nuevas pruebas documentales.
En concreto, se trata de los correos electrónicos a través de los cuales mandos de la UDEF o destacados efectivos de la operación Catalunya, como Bonifacio Díez, alias Boni, -encargado de la trama andorrana y de la conexión Maracaibo– informaban de cómo ‘arreglar’ las pruebas que habían sido obtenidas de manera poco clara o irregular. Es decir, manipular una prueba que aportaba «indicios criminales» falsos de los Pujol Ferrusola. Tres de estos documentos se encuentran en el sumario del caso del lápiz de memoria del caso Pujol.
Un caso que conllevó la primera condena por la operación Catalunya, al exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino. La sentencia le impuso un año de prisión y 7.200 euros de multa por un delito de revelación de secretos, previsto y penado en el artículo 197.3 del Código Penal. Además, el tribunal también lo condenaba a un año de inhabilitación y 2.000 euros de responsabilidad civil. El Tribunal Supremo tiene pendiente resolver el recurso de casación interpuesto por el comisario el próximo 11 de febrero.
Un desastre de arriba a abajo
El asunto del lápiz de memoria de los Pujol fue un desastre con todas las letras. Una prueba aportada, sin ningún tipo de garantía, para intentar reforzar la investigación contra la familia Pujol Ferrusola, y en especial, contra Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente de la Generalitat y Marta Ferrusola. El caso se inició el 1 de abril de 2016, cuando el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, dirigido por José de la Mata y que entonces instruía la causa de los Pujol, registró el atestado BLA G24, con información extraída de un pen drive. El informe policial lo firmaba el inspector Álvaro Ibáñez, que firma la mayoría de los atestados de la causa así como del caso Palau, en concreto también registró la extraña denuncia anónima que inició el caso.
Ante las presiones y explicaciones de las defensas para saber el origen del pendrive aportado, se generaron diferentes versiones policiales que tuvieron dos consecuencias. Por un lado, de la Mata expurgó el lápiz de memoria de la causa y, en segundo término, se abrió un testimonio de actuaciones por delitos de prevaricación, falso testimonio y fraude procesal donde fueron investigados Pino, Díez y el inspector Álvaro Ibáñez. El caso ya apuntaba la conexión entre la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía -máximo mando uniformado de la policía- y su equipo con la UDEF que, apresuradamente, tuvieron que justificar ante el juez el origen del polémico lápiz de memoria.
Tapar la vergüenza: los mails que lo delatan
A partir de aquí, esta connivencia comenzó a ponerse negro sobre blanco, a través de correos electrónicos entre los policías implicados para poder justificar cómo se había obtenido y cómo se había custodiado el pendrive. Los mails, a los que ha tenido acceso El Món, son del mes de mayo de 2016, cuando el magistrado De la Mata percibió que el lápiz de memoria olía a quemado. El primer mail es del seis de mayo y se remitió por parte del grupo de Blanqueo 24 de la UDEF, que dirigía Álvaro Ibáñez. De hecho, lo firmaba él mismo y lo dirigía a todo un tótem policial, el entonces jefe de la Unidad de Policía Judicial Adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, Daniel Gallego.
En este correo, Álvaro pide ayuda a Gallego explicando que el pendrive «supuestamente» lo habían obtenido de un «disco duro intervenido» en las diligencias 485/2013 del Juzgado de Instrucción número 14, es decir, el sumario Método 3 abierto a raíz del caso La Camarga. Según relata Álvaro en su correo, el lápiz de memoria fue «examinado» y se «emitió un informe con importantes consecuencias criminales para Jordi Pujol Ferrusola y afines». Es más, Álvaro se queja porque hasta ahora ni jueces ni fiscales habían puesto problemas a la hora de aceptar indicios que «provenían de la inteligencia policial». De hecho, recuerda que ha habido otros casos donde se han «cruzado a través de la Unidad Central de Inteligencia Criminal (UCIC) donde se pudo saber que había algo similar».
Ibáñez pide ayuda para convencer al juez y al fiscal de que el lápiz de memoria es fiable, y evitarse problemas como responsable de la investigación y de firmar un informe policial incriminatorio con una prueba sin ningún tipo de garantías. El inspector se siente tan seguro que cree que solo con poder afirmar de qué ordenador se sacó es suficiente. «No es necesario que se trace el camino del lápiz USB hasta mis manos, de hecho, no se hará ninguna referencia al asunto», asegura. Todo ello para intentar tapar la vergüenza del caso.
«¿Qué tengo que poner en el oficio?»
Gallego acusa recibo del mail de Álvarez y remite uno nuevo, el mismo 6 de mayo, a Bonifacio Díez, ya implicado en la trama andorrana de la operación Catalunya. Gallego se refiere a Boni como «amigo y compañero» y le envía el «parrafito» (sic) con la petición de Ibáñez para que le reporte la información para presentar al Juzgado de Instrucción 5 y a la Fiscalía. Se despide con un «abrazote» y firma con su apodo policial «Stevie«. Bonifacio Díez tenía trabajo para aportar la información que a priori habrían extraído de la causa de Método 3 y que había estado durmiendo el sueño de los justos en un cajón durante años. Por otra parte, desde Asuntos Internos, también apuntan que tienen el mismo pendrive, que habrían adquirido de los exdetectives de la agencia y que habría sido pagado con fondos reservados.
El día 26, el asunto ya se ha complicado tanto que Álvaro Ibáñez tiene que recurrir a su gran jefe, el comisario Manuel Vázquez, jefe de la UDEF. Desde su mail, se dirige a su jefe como «Manuel» y después de preguntarle cómo va por su tierra, le pide ayuda con un «perdona que te moleste». La causa lo merece. Según el inspector «el asunto del pendrive va muy mal». «De momento, no tenemos nada», reprocha. «Aportamos algo que no podemos decir de dónde viene», insiste y remarca que ya no se fía de ninguno de los registros que se hayan llevado a cabo. «Me gustaría», concluye, «para evitar males mayores publicitarios, que se me diga exactamente qué tengo que poner en el oficio donde comunique que no soy capaz de informar del origen de la información». Una demanda curiosa porque quien firmó el atestado sobre el pendrive y su contenido es él mismo. La petición la justifica para «evitar que ponga algo que quede mal y me digan después por qué he puesto eso». Y se despide con un «Te mando un abrazo en la distancia, jefe».
El juez dudó
El juez instructor del caso, titular del Juzgado de Instrucción 11 de Madrid, Juan Javier Pérez Pérez, sin embargo, imputó a Ibáñez, que se defendió alegando que había hecho el informe dando por hecho que el pendrive se había obtenido legalmente, para después asegurar que Manuel Vázquez, jefe de la UDEF, le había explicado que se lo había dado Bonifacio Díez, adscrito al DAO. El magistrado se tragó a medias las explicaciones de Ibáñez y en un auto del 12 de diciembre de 2017 señaló que las gestiones que se realizaron cuando se descubrió la farsa del pendrive podrían «consistir en una mera tapadera a posteriori para simular un interés real en identificar el origen del dispositivo y ocultar el engaño».
Pero el juez, prudente, y al ver que la Abogacía del Estado enviaba en defensa de Ibáñez al jefe de Penal de la institución y futuro líder de Ciudadanos, Edmundo Bal, desistió finalmente de continuar hurgando por esta tesis porque necesitaba otro «otro indicio de cargo». Ahora, los mails incorporados a la causa cobran más fuerza tras los audios del exjefe de la UDEF, implicándose él mismo con la operación Catalunya, y las declaraciones en el Congreso del comisario Marcelino Martín Blas.
