Tras el enredo procesal que articularon en los juzgados españoles para esquivar la acción de la justicia andorrana, el Principado no se da por vencido. Stéphanie Garcia, la jueza encargada de la instrucción de la querella andorrana por la operación Catalunya, donde están imputados -entre otros- el expresidente español, Mariano Rajoy, y el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha vuelto a emitir las comisiones rogatorias a España para que las tramite la justicia española y citen a los responsables políticos y policiales de la estrategia contra el Procés, en su rama andorrana.
La decisión llega justo después de la primera sentencia en Andorra contra los ejecutivos de la Banca Privada d’Andorra (BPA) donde el tribunal evita valorar las acciones de la policía patriótica y la nota del Tesoro norteamericano que conllevó el cierre de la entidad financiera donde la familia Pujol Ferrusola tenía el dinero procedente de la supuesta herencia del abuelo Florenci Pujol.
La Batlle de instrucción ha dictado tres resoluciones, a las que ha tenido acceso El Món, con las que no solo remite de nuevo las comisiones rogatorias, sino que, además, ya cita testigos para el 4 de noviembre, dando suficiente margen a los imputados para poder presentarse voluntariamente y cumplir con las comisiones rogatorias enviadas ya hacia España. Por otro lado, la jueza también ha reclamado al otro juzgado andorrano la causa que está instruyendo por el «pantallazo de los Pujol» por un delito de revelación de secreto profesional. Una querella presentada contra «personas desconocidas» y que debía esclarecer los filtradores de los datos que difundió la portada de El Mundo.
Respuesta a España
La providencia notificada este jueves a los impulsores de la querella, el Instituto de Derechos Humanos de Andorra y la entidad catalana Drets, responde con elegante contundencia a la justicia española que denegó, tras aceptar en primera instancia, tramitar la comisión rogatoria. La jueza andorrana recuerda que el 9 de enero de este año, el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid informó de una resolución de seis meses antes de la Audiencia Provincial de Madrid, que decidía no ejecutar las comisiones rogatorias internacionales.
Los argumentos, finalmente, para rechazarla eran que la justicia andorrana no había «concretado una exposición sumaria de los hechos y aún menos una descripción individualizada de los hechos que se imputaban a cada querellado». Lejos de entrar en disquisiciones jurídicas y técnicas, la jueza vuelve a remitir las comisiones rogatorias con las peticiones de España, aportando la querella, los hechos que corresponderían a cada investigado. «Remito la comisión exponiendo de manera clara y detallada los hechos investigados y la participación de los querellados de manera individualizada», asegura la providencia.
Testimoniales señaladas
Una vez remitidas las comisiones rogatorias, la jueza ya ha comenzado a hacer un calendario de la instrucción. Un movimiento para alentar la querella que, además, tiene pendiente admitir una ampliación que se presentó en octubre de 2024. De entrada ha citado para el cuatro de noviembre a testigos claves de la querella. Una fecha que deja suficiente espacio para ejecutar las comisiones rogatorias en España. Así cita, a Jordi Cinca, exministro de Finanzas del gobierno de Andorra en plena operación Catalunya; Gilbert Saboya, entonces ministro de Asuntos Exteriores; el abogado José Maria Fuster Fabra, exabogado de los propietarios de la BPA, Ramon e Higini Cierco, y el comisario de inteligencia jubilado, José Manuel Villarejo, que tiene el pasaporte retirado.
Además de Rajoy y Montoro, la querella también se dirige contra el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad; Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía; el comisario Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la policía, y su mano derecha, el inspector Bonifacio Díez, alias Boni. Todo ello por un «ataque a la soberanía andorrana» y por un delito de coacciones para conseguir los datos de las supuestas cuentas bancarias andorranas del presidente Artur Mas, del vicepresidente Oriol Junqueras así como los miembros de la familia Pujol Ferrusola.
