Julio Iglesias ha recibido una noticia familiar que debe tenerlos a todos preocupados. Su hermano Carlos Iglesias ha sido acusado por la Fiscalía de haber cometido un delito fiscal grave por el que le piden cuatro años de cárcel, una bomba que podría cambiar su vida radicalmente. La Agencia Tributaria española asegura que el hombre habría defraudado 19 millones de euros a Hacienda con la ayuda de otro empresario ahora ya muerto.

Los hechos habrían ocurrido en 2001, cuando no habría tributado la venta de unos terrenos porque decía que tenía la residencia fiscal fijada en Panamá. No ha sido hasta ahora que han podido reunir las pruebas necesarias para poder considerar esta evasión de impuestos como fraudulenta, un presunto delito que ha salido a la luz veintidós años después.

Explican a Vanitatis que la Audiencia Provincial de Madrid lo hará sentar en el banquillo de los acusados, ya que la Fiscalía insiste en que tendría que pagar una multa de 98,2 millones de euros en compensación de todo lo que no pagó. Le acusan de un delito contra la Hacienda Pública y le piden una barbaridad de dinero, pero ¿qué pasó exactamente? Cómo decíamos, el hermano de Julio Iglesias y un amigo empresario habrían vendido unos terrenos que tenían en Vicálvaro a dos sociedades españolas que las habrían adquirido por 46,2 millones de euros.

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Julio Iglesias recibe malas noticias familiares | Europa Press

¿Qué delito creen que ha cometido Carlos Iglesias, el hermano del cantante?

Las operaciones se habrían realizado a través de una transferencia bancaria y, el destinatario final, habría sido una cuenta del banco de Panamá a la que tenía acceso Carlos Iglesias. Las acciones de la entidad que hizo la venta también eran propiedad de una sociedad del hermano del artista y del otro empresario acusado. Creen que Iglesias no habría declarado este beneficio en el impuesto de la renta «con el objetivo de procurarse un beneficio fiscal ilícito».

Consideran que habría llegado al extremo de formalizar un contrato por la venta de sus acciones para simular la operación y poder evitar la responsabilidad tributaria que tendría que haber realizado al vender el terreno: «El documento no se correspondía a la realidad», afirma el Ministerio Fiscal.

Además, creen que no puede defenderse con el argumento de ser residente fiscal en Panamá en aquellos momentos porque no ha podido acreditar serlo: «Ha pasado muchas temporadas en España y, en aquellos años, tenía sus intereses económicos principales aquí. Tiene que considerarse residente fiscal en nuestro país».

Lo acusan de haberse ahorrado pagar una cuota que ascendía a casi 19,5 millones de euros. ¿El castigo? Tener que pagar una multa correspondiente a cinco veces más de lo que él estafó y una petición de cuatro años de prisión que viene implícita por la gran cuantía de dinero que habría robado al Estado.

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