El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emitido este viernes una orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, por un presunto crimen de guerra por la deportación ilegal de niños ucranianos de las zonas ocupadas de Ucrania hacia territorio ruso. Tal como se ha dado a conocer en un comunicado, el tribunal de La Haya también pide que se detenga la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación Rusa, Maria Alekseievna Lvova-Belova, por el mismo motivo.
Putin «tiene responsabilidad individual»
La corte internacional señala que hay «motivos razonables» para acusar Putin de tener «responsabilidad penal individual» por estos delitos, ya sea por haberlos cometido de manera «directa» o por no haber podido «ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares» que cometieron estas deportaciones forzadas de menores ucranianos. En el caso de Lvova-Belova, el TPI lo acusa de ser responsable de los mismos crímenes «por haberlos cometido directamente, sea con otros individuos o a través de terceros».
La cámara ha detallado en el comunicado que estas órdenes de detención se han mantenido en secreto para preservar la seguridad de las víctimas y proteger la investigación. Ahora bien, viendo que los crímenes no se paran, la corte ha decidido hacerlas públicas y espera que este anuncio contribuya a prevenir nuevos delitos. Estas órdenes son los primeros cargos internacionales presentados contra Putin desde el inicio del conflicto y llegan después de una investigación liderada por el jefe del TPI, Karim Khan, que se ha alargado durante meses.
Rusia lo desmiente
Ante las acusaciones de Kíiv y sus aliados, el Kremlin ha desmentido constantemente que se esté deportando niños de zonas de Ucrania hacia territorio ruso de manera ilegal. Aun así, el gobierno de Volodímir Zelenski cifra en unos 16.000 los niños que han sido desplazados hacia Rusia en contra de su voluntad desde que empezó la guerra, hace poco más de un año. Esta información, pero, cambia en un informe de febrero de la Universidad Yale, el cual señala que al menos 6.000 menores ucranianos han sido repartidos en 40 internados rusos.
