Nuevo giro en la política de Asia; superada la crisis que supuso la declaración de la ley marcial por el expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol. Un equipo conjunto de investigación formado por la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango (CIO), la Policía y la unidad de investigación del Ministerio de Defensa han presentado una solicitud de una orden de arresto contra el expresidente de Corea del Sur, ante el Tribunal del Distrito Oeste de la capital surcoreana, Seúl, por haber declarado la ley marcial, la insurrección y el abuso de poder ejercido cuando ignoró hasta tres citaciones de los tribunales para interrogarlo sobre por qué tomó la decisión de declarar la ley marcial.
El equipo de investigación alega que el expresidente surcoreano fue el instigador y el jefe de una insurrección en el país asiático y que ejerció un abuso de su cargo como presidente del país cuando declaró el estado de excepción el pasado 3 de diciembre, estado de excepción en el cual supuestamente ordenó al Ejército que impidiera a los diputados presentes en el Parlamento votar en contra del decreto, protagonizando uno de los escándalos más grandes en la política del país.
La defensa de Yoon Suk-yeol
El ahora ya expresidente de Corea del Sur niega las acusaciones que recaen sobre él y asegura que la declaración de la ley marcial fue un «acto de gobierno» que hizo para advertir al partido de la oposición, partido que cuenta con mayoría en la Asamblea Nacional y al que acusa de acercarse y apoyar al gobierno de Corea del Norte.
Yoon ha asegurado que tomará «medidas formales» en respuesta. «Es una solicitud de una agencia que no tiene la autoridad para investigar», ha asegurado el presidente en declaraciones a la agencia de noticias surcoreanas Yun Gap-geun, y recogidas por Europa Press. Yoon deberá esperar la decisión del Tribunal Constitucional de Corea del Sur, que deberá decidir de aquí a junio si restituye al presidente en sus funciones o lo inhabilita definitivamente.
