Las administraciones públicas de Cataluña enfrentan el gran desafío de captar y retener nuevo talento ante el envejecimiento generalizado de las plantillas, lo cual evidencia la necesidad de garantizar el relevo generacional en las empresas públicas catalanas. Un reto futuro que ha obligado al gobierno de la Generalitat a empezar a tomar medidas para rediseñar el marco legal actual que rige a los trabajadores de las administraciones del país, ya que el actual lleva casi 30 años vigente y ha quedado obsoleto. El Gobierno aprobará el próximo martes el anteproyecto de la Ley de Empleo Público Catalán, que dará el salto al Parlamento de Cataluña. Según aseguran fuentes del ejecutivo, esta ley está ampliamente «consensuada» con los agentes sociales y los grupos parlamentarios, motivo por el cual consideran que no debería dilatarse mucho su aprobación en la cámara catalana: «Queremos construir la administración del futuro», argumentan desde la dirección general de Función Pública, que depende del Departamento de Presidencia, dirigido por el consejero Albert Dalmau.
Desde el Gobierno defienden que el objetivo final de esta nueva ley es «ofrecer un marco jurídico estable que permita afrontar retos como la captación y retención de talento, el relevo generacional y la movilidad entre administraciones». Es decir, este nuevo marco jurídico se aplicará a todos los empleados públicos, independientemente de la administración en la que trabajen. Según indican, la nueva normativa afectará a cerca de 400.000 trabajadores, ya que repercutirá en la Generalitat, pero también en el personal de los 947 ayuntamientos de Cataluña y de las siete universidades públicas del país. Esta nueva ley, aún como anteproyecto, también supone el desarrollo del estatuto básico de los trabajadores públicos, que se aprobó en el año 2007 pero que aún no se ha terminado de desplegar. La nueva normativa, por tanto, supone un paso necesario en la «profesionalización» de los trabajadores de las administraciones catalanas. Para avanzar en este camino, el Gobierno plantea «agilizar los procesos de selección para captar nuevos perfiles profesionales» con el objetivo de fortalecer el «talento» de las administraciones.
«Compartir el talento entre administraciones»
El hecho de crear un marco común para todos los empleados públicos no solo busca profesionalizar las administraciones, sino que también busca agilizar la colaboración entre ellas. Con este objetivo, se transformará el actual Consejo Catalán de la Función Pública, que pasará a ser el Consejo del Empleo Catalán: «La idea es que sea como la gran patronal de las administraciones», argumentan desde el Gobierno. Este organismo, que incluirá a todos los trabajadores públicos del país, permitirá, según apuntan, «agilizar» la movilidad de los funcionarios para «compartir el talento» entre administraciones. De hecho, gracias a esta nueva ley, se creará un modelo de «movilidad interadministrativa» que acreditará la Escuela de Administración Pública de Cataluña (EAPC). Tal como detallan, sin embargo, las administraciones podrán adherirse voluntariamente con un modelo de suscripción por convenio. Es decir, cada ayuntamiento, por ejemplo, podrá decidir si ofrece que sus trabajadores también puedan trabajar para otros entes locales o universidades.
Para retener y compartir el «talento», el Gobierno busca con esta ley potenciar la «carrera profesional» de los funcionarios. «Hasta ahora se aplicaba un modelo de carrera vertical, ahora queremos que sea horizontal», argumentan desde Función Pública. La nueva normativa de Empleo Público de Cataluña promueve una regulación que valore la trayectoria y el trabajo de sus empleados. En concreto, esta regulación se estructurará en cuatro tramos de desarrollo: inicial, consolidado, experto y referente. Sería equiparable a la categoría júnior y sénior de la empresa privada. A medida que se superen estas fases, el trabajador tendrá derecho a recibir un complemento retributivo por su carrera profesional, el cual consideran que será un buen incentivo para retener a los empleados en la administración.
Evaluar a los empleados públicos
Desde el Gobierno destacan que el crecimiento profesional no solo hace referencia al tiempo de trabajo dentro de la empresa, sino que también hace referencia al cumplimiento de los objetivos marcados por sus superiores. De hecho, se evaluará anualmente su trabajo: «Se valorará su trabajo para contribuir a la mejora de la calidad de los servicios públicos», argumentan desde la dirección general. En estos momentos, la evaluación se hacía a través de la percepción del complemento de productividad. Ahora, los trabajadores cobrarán el complemento de carrera profesional solo si cumplen los objetivos marcados. Preguntados por los métodos de evaluación, desde el Gobierno aseguran que aún se deben terminar de pulir los ítems que se analizarán, pero sí dejan claro que no será a partir de criterios «subjetivos»: «No necesariamente todos deben cobrar por la carrera profesional si no se cumplen los objetivos», argumentan. La ley, sin embargo, no establece tampoco las consecuencias de incumplir los objetivos. De entrada, solo hacen referencia al hecho de que no se cobrarán los complementos, tal como ya funciona actualmente.
Una plataforma única para todos los trabajadores
Esta nueva ley también plantea la creación de una plataforma única en la que se viertan todas las ofertas de trabajo que surjan en las administraciones, ya que de esta manera concentran toda la información en un solo espacio, para facilitar el trabajo de los empleados: «Si queremos diseñar un nuevo modelo de empleado público, debemos tener las herramientas también para saber dónde hay plazas vacantes», argumentan desde el Gobierno, que también consideran que con este portal único los empleados podrán «orientar» su carrera profesional. En esta línea, para ordenar los puestos de trabajo de las administraciones, también se crearán «comisiones de servicios para ejecución de programas temporales» y se atribuirán temporalmente algunas funciones a los trabajadores para que puedan llevar a cabo tareas concretas.
Otro de los objetivos de ordenar los puestos de trabajo es facilitar los traslados de personal hacia sectores más prioritarios de la administración, los cuales requieran algunos perfiles para momentos concretos, con el fin de mejorar la calidad de los servicios públicos. «Es positivo para la ciudadanía». La nueva ley también plantea definir al pie de la letra toda la oferta de empleo público para aprovechar todo el «talento» del país. En este sentido, la nueva normativa también hace referencia a los trabajadores con alguna discapacidad, ya que quieren darles un «nuevo enfoque» dentro de la administración: «El modelo de acceso específico exclusivo para personas con discapacidad intelectual consiste en procesos específicos e independientes, que convive y es compatible con el sistema ordinario de acceso», argumentan. Por otro lado, esta nueva ley también marca directrices específicas para introducir la perspectiva de género en las administraciones: «La Generalitat ya está avanzando en este sentido, pero no todas las administraciones lo están haciendo», añaden.
El objetivo final de la ley, por tanto, es reformular el modelo actual de trabajador público para retener talento de cara a la gran ola de jubilaciones que se producirá en los próximos diez años. El Gobierno la aprobará este martes en el Consejo Ejecutivo, y el siguiente paso será trasladarla a la cámara catalana. Desde Función Pública defienden que se trata de un proyecto de ley muy consensuado, tanto con sindicatos, otros agentes sociales como con los entes locales -desde el Ayuntamiento de Barcelona hasta la Federación de Municipios de Cataluña-, por lo cual confían en que la normativa pueda salir adelante este mismo año: «Nos hemos reunido con los diferentes grupos parlamentarios, y todos coinciden en que es una ley necesaria», concluyen desde el Gobierno.
