La nueva ley sobre la paridad que esta semana ha anunciado a bombo y platillo el gobierno de Pedro Sánchez es novedad solo en una pequeña y más que cuestionable parte: la que afecta directamente el gobierno, sea central o autonómico, diciendo que los ministros o consejeros tienen que ser hombres y mujeres en idéntica proporción. ¿Dónde quedará una de las prerrogativas del Presidente del Gobierno en un sistema parlamentario como el nuestro? Esto no forma parte de lo que preocupa a los que legislan, tampoco confiamos ya mucho en el Tribunal Constitucional.

La discusión sobre la discriminación positiva, desigualar en la ley para igualar en la vida a ciertos colectivos históricamente discriminados, es objeto de discusión desde muy antiguo, y en cuanto a nuestro país, ya tenía una plasmación práctica en la ley de igualdad que bajo los auspicios de Teresa Fernández de la Vega, vio la luz durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero con la misma voluntad e idénticas contradicciones: técnicas como las llamadas listas electorales cremallera no evitaron entonces ni evitan ahora que en la mayor parte de los casos estas empiecen por los hombres, y la también criticada inclusión de un mínimo del 40% de mujeres en los consejos de administración, que tampoco es nueva, se avanzó entonces a la directiva comunitaria que a finales del año pasado aprobó el Consejo de la unión europea obligando que a partir de 2026 los administradores no ejecutivos (cuidado, en ningún caso se habla de los CEO) de las empresas cotizadas sean al menos en un 40% mujeres.

Esta ley que ahora anuncia Pedro Sánchez como si todo acabara de empezar, sin duda encontrará uno de los principales obstáculos en otro de los objetivos de los que el gobierno de Pedro Sánchez también presumió el mes pasado y que es ley del 28 de febrero, la que quiere evitar cualquier tipo de discriminación a las personas del colectivo LGTBI. La necesidad de armonizar lo que cada uno se sienta con la igualdad de sexos causará probablemente más de un follón, pues no hace falta transformación fisiológica para ser considerado hombre o mujer a despecho de lo que uno haya sido al nacer. Probablemente así será más fácil resolver problemas como el que en una lista electoral en las Canarias, produjo la paradoja de que solo mujeres querían concurrir por una circunscripción. Ahora habrá bastante con que la mitad diga considerarse hombres para resolver el problema. Pero imagino que no es este el objetivo perseguido por la norma.

Por todo esto es normal el recelo que los abanderados del feminismo, en el PSOE y últimamente también en el PP (no se descarta que el objetivo sea hurgar en la herida de la coalición de gobierno), consideren un problema defender a la vez las categorías que desde siempre han significado una lucha (la de sexos) con esta apuesta queer para considerar el sexo una identidad a la carta. Jugar a las dos posiciones es inédito, pero hablar de paridad en listas electorales o consejos de administración, de ninguna forma. Por lo tanto, dónde está la novedad? Quizás en el hecho de no saber que hay luchas estructuralmente antagónicas, salvo que se sepa y sea solo y como siempre, otro eslogan de campaña.

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