La política española son vasos comunicantes donde el líquido es el material en manos del poder judicial. Y, precisamente, a los jueces, de materiales para acosar al PSOE, al gobierno español, Pedro Sánchez y su entorno, no van cortos de chaleco. Al contrario. La semana comenzaba con una extravagante vista previa a la mujer del actual inquilino de la Moncloa, Begoña Gómez, por la cual el juez que la ha imputado aún sopesa si retirarle el pasaporte. Pero este miércoles ya se ha traspasado una línea que había sido impensable, o incluso, infranqueable, como es sentar en el banquillo de los acusados a un expresidente español.
Es la primera vez que se ha vivido este fenómeno, aunque ha habido gobiernos con miembros condenados por terrorismo de Estado u otros donde sus formaciones apuntaban el nombre de su líder, en los pagos irregulares que recibían. Zapatero se ha sentado en el estrado del Tribunal Central de Instancia número dos de la Audiencia Nacional, en manos de José Luis Calama, un magistrado discreto que rehúye de veleidades políticas y vanidosas. De hecho, Calama le había pospuesto su declaración -inicialmente, estaba programada para el dos de junio- para este miércoles y para el jueves de esta semana. De ahí que no quisiera aplazar la declaración sobre la pieza separada abierta el viernes pasado sobre las joyas encontradas en su despacho que han sido tasadas en 1,3 millones de euros.
Tres horas de declaración y un comunicado
En resumidas cuentas, Zapatero ha estado tres horas declarando. Y, en resumen, el expresidente ha negado haber ejercido influencia para que el gobierno de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Además, ha declinado responder sobre las joyas intervenidas en la caja fuerte de su despacho por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF) en el registro ordenado por el juez. El juez, sin embargo, no le ha creído. Ahora bien, no ha querido hacer más sangre, y aunque incidió en la falta de relato alternativo, no ha querido decretar ninguna de las medidas cautelares que le proponían las acusaciones populares, muy impregnadas políticamente, ni las del ministerio fiscal.
Una vez ha terminado la declaración, Zapatero ha remitido un comunicado donde insistía que había estado «29 días en silencio» para preparar la declaración y «todo lo que vendrá». «Callé por respeto a la Justicia y a Su Señoría, que era quien primero debía escucharme», ha añadido. «No tengáis duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas», añade. En este sentido, reconoce que se «le acusa de delitos muy graves que no he cometido». «Siempre me comporté con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo», remarca. «Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza», sostiene.
En este sentido, subraya que ha presentado al Tribunal una «autorización universal voluntaria» para que «se pueda constatar la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta, porque no tengo nada fuera de España». En la sala Zapatero ha dejado claro que no respondería a nada sobre las joyas y tampoco sobre la información extraída en el móvil de Rodolfo Reyes, CEO de Plus Ultra, porque ha impugnado la prueba en tanto que fue obtenida por una agencia de seguridad norteamericana y es material policial, no es material procesal judicial.
El juez no se lo traga
El comunicado servía para neutralizar la interlocutoria de Calama que ha tirado de las orejas al expresidente español aunque se ha abstenido de imponerle la retirada del pasaporte, o comparecencias quincenales en los juzgados, o incluso, las peticiones de prisión que hacían los letrados de las acusaciones populares como Vox, Manos Limpias o Hazte Oir. Aun así, el juez no ha estado para bromas y en la resolución que ha rechazado las medidas cautelares ha sentenciado que «la declaración del investigado no ha conseguido desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en la interlocutoria de imputación, y que derivan de diversas y diferentes fuentes de prueba».
Es decir, que las explicaciones de Zapatero no han sido ni lo suficientemente verosímiles ni lo suficientemente creíbles para dar carpetazo al caso, aunque admite que el caso aún está en una fase «embrionaria» de instrucción. El juez también señala la «trazabilidad de diversas transferencias» entre las cuentas bancarias del expresidente español «en relación con fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el gobierno a la mercantil Plus Ultra» que no se han aclarado. En este contexto, señala que hay una «utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales para canalizar estos pagos», que huelen a chamusquina.
En todo caso, Zapatero ha negado haber influido en la Moncloa para que otorgaran 53 millones de euros de ayuda a la compañía aérea hispanovenezolana. En esta línea ha remarcado que los pagos recibidos por parte de las empresas relacionadas con Plus Ultra, eran pagos por sus análisis y trabajos de consultoría. Pero el juez sigue comprando la tesis de la UDEF que describen como comisiones irregulares. En concreto, ha explicado que los 490.780 euros recibidos de la empresa Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez también imputado, eran la remuneración por los trabajos para esta compañía, con la que tenía eso sí, «un contrato verbal».
Las costuras políticas se debilitan
Políticamente, sin embargo, las lecturas van mostrando las costuras del caso. Un ejemplo bastante claro ha sido el del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que en la sesión de control del Parlamento, ha evitado darle apoyo o confianza. De hecho, cuando estalló el caso sí que lo hizo. Una voz importante dentro de la biosfera socialista porque cabe recordar que Zapatero se volcó en la campaña electoral que llevó a Illa a la casa dels Canonges hace ahora dos años. Tampoco ha mostrado mucha solidaridad la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, que ha calificado de «insuficiente» el comunicado de Zapatero. De hecho, ha exigido que alguien que fue «referente» para el espacio progresista debe dar más explicaciones y transparencia.
Otro de los socios parlamentarios, ERC, también ha dicho la suya. Ha sido su portavoz Gabriel Rufián, quien ha mostrado su extrañeza sobre por qué Zapatero no ha declarado o regularizado las joyas. «Este desaguisado esté en su caja fuerte» cuando ha tenido «muchos años para hacerlo». El PP por su parte, que centraliza la acción popular en el caso, ha propuesto al PSOE retirar el carnet de militante al expresidente y abrirle un expediente. Vox ya ha reclamado su dimisión y elecciones.
Pero especialmente interesante es el posicionamiento del PSOE que oficialmente espera que avance el caso en el tiempo. De hecho, fuentes del partido aseguran que «el tiempo pondrá las cosas en su lugar». Pero fuentes del PSC, con conexiones con Ferraz, aseguran a El Món, que cuando «se pongan en su lugar, ya será tarde». En todo caso, tiran de manual reclamando que no se haga un «juicio paralelo» y se le condene de manera «anticipada». «El PSOE mantiene exactamente la misma posición que ha defendido desde el primer día: defensa de la presunción de inocencia y respeto absoluto a la Justicia. Por eso mantenemos el apoyo al presidente Zapatero», señalan en un comunicado emitido una vez ha terminado la comparecencia ante el juez Calama. A todo esto, y tras la declaración, la defensa de Zapatero, la formación y Pedro Sánchez esperan pronto nuevos oficios e informes de la UDEF que pueden complicar aún más la situación política y fortalecer el cerco al poder del socialismo en España.
