Tres horas de declaración del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, solo para responder a las cuestiones planteadas por su defensa y el magistrado instructor del caso, José Luis Calama. Según fuentes cercanas al caso recogidas por diferentes agencias de información, Zapatero ha negado ejercer influencia para conseguir el rescate de la compañía aérea hispanovenezolana, Plus Ultra, con un crédito blando de 53 millones de euros aprovechando las ayudas de la pandemia a los sectores estratégicos.
El exlíder del PSOE no ha respondido a ninguna pregunta sobre las joyas que encontraron en la caja fuerte de su despacho. Un hallazgo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), UDEF, que una tasación solicitada por el juez les otorga un valor de 1,3 millones de euros. De hecho, la defensa de Zapatero pidió posponer la declaración sobre este hallazgo por el cual el juez instructor abrió una pieza separada por contrabando y delito fiscal.
La Fiscalía y la acusación del PP, que centra las acusaciones, han solicitado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del Estado y comparecencias quincenales. Según el PP, cuatro acusaciones han pedido también prisión preventiva. Zapatero está acusado de presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo por el rescate y de contrabando y delito fiscal por las joyas de su despacho.
«Rigorosidad»
En una resolución de apenas cuatro páginas, a la que ha tenido acceso El Món, el juez ha decidido no aplicar las medidas cautelares solicitadas por las diferentes acusaciones. Calama, fiel a su estilo, no se ha dejado llevar por la vorágine política y ha recordado que la adopción de una medida cautelar “necesita de un juicio especialmente riguroso” porque supone «una restricción anticipada de derechos fundamentales que solo se puede justificar si hay indicios de criminalidad y un riesgo procesal acreditado».
El magistrado, sin embargo, detalla que Zapatero no ha logrado desvirtuar los indicios de criminalidad que se le imputan, especialmente en cuanto al contenido de los dispositivos intervenidos en los registros, así como por la «trazabilidad de diversas transferencias» entre sus cuentas bancarias en relación con los fondos procedentes del rescate de «Plus Ultra».
El magistrado añade que no se ha justificado suficientemente ni las diferentes sociedades mercantiles que se habrían utilizado para los pagos y cobros, ni los mensajes en un móvil intervenido por el departamento de Seguridad Interior de EE.UU. a uno de los directivos de la aerolínea. En el mismo sentido, el magistrado insiste en que no se ha acreditado ni el origen de las joyas ni que no se declararon a hacienda, unos bienes tasados en 1,3 millones de euros.
No hay intención de fuga
El juez subraya que Zapatero es una «persona de pública notoriedad». Un hecho que, a criterio del juez, «dificulta de manera evidente que se pueda situar en una situación ilocalizable». “Su visibilidad pública y el manifiesto arraigo al territorio, unidos a la ausencia de indicios de intención evasiva, excluyen la existencia de un riesgo de fuga real”, insiste Calama.
El juez concluye, pues, que no ve necesario retirarle el pasaporte ni hacerle comparecer porque no hay ningún riesgo procesal que requiera el uso de este tipo de medidas. Asegura que adoptarlas supondría una “restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación”, incompatible con el principio de proporcionalidad que prevé la ley.
En su escrito, el juez ha confirmado que Vox, Hazte Oír, Liberum e Iustitia Europa – que forman parte del grupo de las acusaciones populares – han solicitado la prisión provisional para Zapatero. El abogado del PP, que es quien las representa dentro de la sala, podría haber reclamado también esta medida, pero ha decidido no hacerlo y reclamar las mismas cautelares que la fiscalía.
