Fue una detención bastante sonada. En octubre de 2024 sus compañeros de uniforme le pusieron las esposas al inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, Óscar Sánchez, alias El Anodino, cuando era jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Madrid. Le encontraron 20 millones de euros escondidos en las paredes de su casa, un millón de euros en su despacho, sociedades instrumentales y un buen saco de criptomonedas. El titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instrucción en la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, lo imputó por delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, soborno y revelación de secretos tras una larga investigación.
Un denso sumario aportaba pruebas de su relación con el presunto narco Ignacio Torán y de cómo daba apoyo logístico a su tráfico. En resumen, el inspector utilizaba su posición para obtener información confidencial sobre envíos de drogas que la policía tenía localizados. Conseguía información de las bases de datos policiales y alertaba a la trama de narcotraficantes que supuestamente dirigía Torán. Todo esto, a cambio, según el magistrado instructor, de sustanciosas cantidades de dinero. A veces, el sistema era tan simple como poner la matrícula de un contenedor con droga en la base de datos policial para comprobar si algún otro agente lo tenía localizado. O bien, permitir que fuera un señuelo para despistar a los investigadores, darles un buen botín y poder pasar más droga en otro cargamento. Sin embargo, los diversos procesados y parte de los investigadores del caso, desde un buen principio, consideraron «muy difícil» que el inspector jefe trabajara solo, y más cuando le encontraron dinero en su despacho en la comisaría.
«Trama de corrupción policial»
Las sospechas aumentaron a raíz de un informe de la Unidad de Asuntos Internos del pasado 17 de diciembre de 2025, de 235 páginas y al que ha tenido acceso El Món, donde se describe el funcionamiento de la trama a través de las comunicaciones interceptadas. Pero el clavo lo ha remachado Óscar Sánchez en su declaración voluntaria ante el magistrado De Jorge, el pasado 19 de marzo, cuando desde la prisión describió detalladamente la trama de corrupción que utilizan las unidades antidroga en el Estado español.
De hecho, según concretó al magistrado en una declaración entrecortada, la policía blanquea el origen irregular de operaciones antidroga a través de informes «falsos», incluso de agencias de seguridad internacionales. Todo ello para describir una «trama de corrupción policial» para facilitar el tránsito de droga en España. En definitiva, el inspector lo definió como «trama de corrupción policial» que se puede constatar a través de los «cuadrantes», es decir, cómo anunciaban la llegada de los contenedores, los pagos y qué miembros del personal tenían controlados en los puertos donde llegaban los contenedores cargados de droga.
Una ‘masterclass’
Es necesario contextualizar que el caso acaba estallando con el decomiso de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras en octubre de 2024. En resumen, la policía calcula, según el sumario, que el inspector Sánchez habría facilitado la entrada de unos 58.499 kilos de cocaína a través de 37 contenedores. Una droga que tendría un valor en el mercado de 2.060.159.283 euros y por la cual la trama de narcotráfico le habría abonado 32 millones de euros de peaje. La declaración, de 42 minutos y a la que ha tenido acceso El Món, comienza con un decomiso también en Algeciras, uno de los puertos donde el Departamento de Seguridad Nacional tiene puesta la alarma y los oídos como una fuente inagotable de entrada de droga.
De entrada, el inspector solo responde a su abogado y a los detalles que le repregunta el juez instructor. De hecho, el magistrado hay momentos de la declaración en los que detiene las respuestas con el argumento de que ya ha dado mucha información. Y es con otro decomiso de Algeciras, de 1,6 toneladas de cocaína y fechado en mayo de 2021, que Sánchez comienza su relato para describir con tono didáctico cómo funcionan las grandes operaciones antidrogas, cómo se manipulan los informes, cómo se obtiene la información y cómo ocultan las maniobras irregulares para hacer pasar gato por liebre a los jueces instructores para que permitan entradas y registros. Toda una masterclass sobre las técnicas y trucos que la policía antidroga utiliza para «ocultar a los jueces el origen de la información sobre la droga» que confiscan en algunas de las operaciones más espectaculares», orientar las investigaciones hacia la Audiencia Nacional y evitar tribunales ordinarios.
Documentos «falsos y autocreados»
El policía da nombres y apellidos de otros policías y otros grupos de la UDEF o la UDYCO que, según asegura, operan con el mismo sistema. En detalle, «falsificar informes de agencias internacionales» para blanquear confidentes o «contenedores señuelo», soplos para que los investigadores miren para otro lado, distraídos con un cargamento menor, y que pase un contenedor más lleno por otro punto. Detalla este mecanismo como «práctica habitual y sistemática de la Brigada Central de Estupefacientes cuando quiere ocultar el origen de una información» y blanquear operaciones irregulares o información que se ha obtenido de manera ilegal.
«En la DEA, la DIRAN, la NCA, o el FBI (agencias de lucha contra el narcotráfico) son informes que en muchas ocasiones son falsos y creados por la misma brigada entre los diferentes agentes para ocultar el origen real de la información», enfatizó. En este sentido, pone como ejemplo este decomiso de Algeciras, en el que falsificaron un documento de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia (DIRAN) para poder justificar la información que les permitía llevar a cabo la operación. Una información que habrían obtenido a través de confidentes o interviniendo aplicaciones de mensajería utilizadas por los narcotraficantes.
En este punto, relató que las redes de narcotráfico venden y comparten «plataformas encriptadas» de mensajería a las que no puede acceder la policía española. Por lo tanto, cuando tenían una información obtenida de un confidente o de una filtración de estas plataformas, como no es legal, se hace ver que la información la pasa un servicio de seguridad amigo, una agencia de narcóticos de cualquier país aliado, y se blanquea esta información. Pero el inspector dio un paso más asegurando que «se han borrado mensajes» obtenidos de las plataformas encriptadas que supuestamente lo incriminan en los atestados policiales. Por ejemplo, nombres que podrían comprometer a miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía relacionados en la lucha contra la droga.
Buscar la Audiencia Nacional
También añadió cómo las empresas que participan en el análisis de la droga colaboran para relacionar los decomisos con otros anteriores donde ha participado la Audiencia Nacional. De esta manera mantienen la investigación en el juzgado que quieren. En el mismo sentido, el inspector adujo que en estas artimañas también participaban «agentes del servicio de vigilancia aduanera».
Al fin y al cabo, la tesis que sostienen la fiscalía, la policía y el juez instructor en el caso Anodino es que el inspector «tenía conocimiento de las iniciativas de los diferentes cuerpos policiales, recopilaba información de inteligencia financiera y le permitía corregir las estrategias de la organización y alertar al resto de integrantes si eran investigados». De ahí que tuviera contactos con miembros del servicio de Vigilancia Aduanera que le pasaban información delicada o comprometida. Es más, en su declaración se preocupó de mencionar de manera específica los nombres de los principales mandos antidroga del CNP. Ahora, la investigación continúa a la espera de obtener más mensajes donde podrían estar implicados otros policías de manera más clara, con los nombres y apellidos que, con tanta rotundidad, expuso el inspector. Óscar Sánchez, El Anodino, ha decidido destapar la olla de un sistema corrupto.
