La cruzada para garantizar el catalán en los autobuses interurbanos continúa. Después de que el Parlamento convalidara este jueves el decreto ley de prórroga de las concesiones de esta red de transporte público sin incorporar ninguna cláusula lingüística, Junts ha anunciado este viernes que presionará para que el conocimiento de la lengua sea un requisito. Lo hará registrando una proposición de ley para modificar el reglamento e incorporar explícitamente que el personal del servicio tenga los mínimos de catalán, fijados en un nivel B1.
«El transporte público es un servicio esencial y también un espacio de relación cotidiana con la ciudadanía, por lo que consideran imprescindible garantizar los derechos lingüísticos de los usuarios en todo el país […] El decreto de medidas urgentes para prorrogar el servicio interurbano de autobús fue aprobado por Junts por responsabilidad. El país no se podía permitir quedarse sin servicio de autobuses en plena crisis de Rodalies y con muchos municipios que dependen absolutamente de esta conexión», ha señalado la portavoz de Junts en la comisión de Territorio, Judith Toronjo.
Desde la formación apuntan que el decreto va acompañado de un plan de mejoras para descarbonizar la flota con 1.400 nuevos autobuses, más frecuencias y nuevas rutas. Por ello, ha advertido Toronjo, tramitarlo como proyecto de ley habría «puesto en riesgo llegar a tiempo ante la emergencia de movilidad que vive el país». En este sentido, la diputada también ha remarcado que Junts ya anunció durante el debate parlamentario que impulsaría iniciativas legislativas para garantizar la presencia del catalán en el transporte público. Entre estas, la proposición de ley sobre el transporte público interurbano de viajeros por carretera, la modificación de la ley ferroviaria y también la futura ley del taxi.
Una «oportunidad perdida»
Cabe recordar que Plataforma per la Llengua aseguró que la convalidación del decreto sin cláusulas lingüísticas era una «oportunidad perdida», criticando que el Gobierno y los grupos parlamentarios que avalaron el texto -PSC, ERC, Junts y el PP- hubieran “dejado pasar una ocasión clara para garantizar, por ley, el derecho de los usuarios a ser atendidos en catalán”. Asimismo, la ONG del catalán anunció que presionaría para que todas las licitaciones «incorporen cláusulas lingüísticas para las empresas concesionarias».
