Plataforma per la Llengua ha calificado de «oportunidad perdida» que el Parlamento haya convalidado el decreto ley de prórroga de las concesiones de autobús interurbano sin incorporar ninguna cláusula lingüística tal como reclamaba la entidad en defensa de la lengua, que critica que el Gobierno y los grupos parlamentarios que han avalado el texto -PSC, ERC, Junts y el PP- hayan «dejado pasar una ocasión clara para garantizar, por ley, el derecho de los usuarios a ser atendidos en catalán». La ONG del catalán ha anunciado en este sentido que, más allá de lo que establezca la ley, presionará para que todas las licitaciones «incorporen cláusulas lingüísticas para las empresas concesionarias». Fuentes de Plataforma per la Llengua han explicado a El Món que habían tratado la cuestión con PSC Junts, ERC, Comuns y la CUP, y añaden que ninguno de ellos aceptó incorporar o exigir cláusulas lingüísticas. Asimismo, la entidad insta a los grupos parlamentarios a hacer uso de todos los mecanismos legales para incluir cláusulas lingüísticas, ya sea a través de la Ley de medidas de acompañamiento de los presupuestos u otras medidas legislativas.
La entidad presidida por Òscar Escuder recuerda que con la prórroga de la concesión, las empresas que actualmente gestionan los autobuses interurbanos del país podrán continuar operando hasta el 2034 sin garantizar los derechos lingüísticos de los usuarios. A través de un comunicado, Plataforma per la Llengua considera «especialmente grave» que un Gobierno que impulsa el Pacto Nacional por la Lengua y afirma estar comprometido con el catalán, no haya previsto ningún requisito lingüístico en un texto que regula un servicio público. Asimismo, critica a los grupos parlamentarios que han apoyado la tramitación del decreto «no hayan forzado el debate parlamentario para incorporar cláusulas lingüísticas que aseguraran la atención en catalán por parte de las empresas concesionarias» y, además, lamentan que los grupos que apoyan al catalán «no hayan forzado al Gobierno a retirar el texto actual para asegurar que se presentaba una nueva versión que sí garantizara los derechos lingüísticos de los usuarios».
Plataforma per la Llengua considera que el decreto debía modificarse, o transformarse en un proyecto de ley, para incluir los niveles de conocimiento de catalán exigibles a los trabajadores y los procedimientos de acreditación necesarios para garantizar una atención adecuada en catalán, tanto oralmente como en la comunicación escrita y digital. En cualquier caso, y a pesar del tirón de orejas, la entidad se ha puesto de nuevo a disposición de los partidos para asegurar que los derechos lingüísticos queden regulados por ley. En este sentido, señala que el Estatuto reconoce el derecho de opción lingüística también en los servicios públicos gestionados por empresas privadas.
ERC afirma que tiene el compromiso del Gobierno para incorporar los derechos lingüísticos
Aunque el texto no incluía ninguna referencia a las cláusulas lingüísticas, Junts, Esquerra Republicana y la CUP, que han votado en contra, han abordado la cuestión durante el debate de la prórroga del proyecto. La diputada de Junts Judith Toronjo ha asegurado que el decreto «no resuelve por completo la situación del sector», pero ha dicho que era «un paso necesario». Con todo, ha dejado claro que «habrá que fiscalizar de cerca» su aplicación, y ha añadido que Junts no dudará en «presentar propuestas de mejora para la información en tiempo real o para garantizar que el catalán esté también incluido entre las condiciones mínimas del servicio de todo el transporte catalán».
Por otro lado, la diputada de ERC Lluïsa Llop ha destacado la «cuestión lingüística» y ha afirmado que tienen el compromiso del Gobierno de que las nuevas licitaciones incorporarán «expresamente» que las empresas concesionarias o gestoras del servicio «respetarán los derechos lingüísticos de los usuarios y garantizarán su uso en todas las relaciones derivadas de esta prestación del servicio». En cuanto a las concesiones actualmente vigentes, Llop ha dicho que el respeto a los derechos lingüísticos «se incorporará vía el plan de mejora». «Y para blindarlos, los incorporaremos como una enmienda a la ley de medidas que acompaña el presupuesto», ha sentenciado. Finalmente, el diputado de la CUP Dani Cornellà ha lamentado que el decreto de prórroga no se haya tramitado como proyecto de ley, porque esto ha evitado «poder presentar enmiendas para garantizar, como pide la Plataforma per la Llengua, que el catalán sea exigido a todos los conductores y se propongan una serie de cursos».
Plataforma per la Llengua ha recogido una quincena de quejas en el año 2025
Fuentes de Plataforma per la Llengua han apuntado a este diario que Junts, ERC y la CUP podrían pedir vía enmienda incluir las cláusulas lingüísticas en la ley de acompañamiento, pero las mismas fuentes no lo ven muy claro porque depende del PSC. Con todo, la entidad deja claro en el comunicado que durante el año 2025 ha recibido una quincena de quejas por discriminaciones lingüísticas o vulneraciones de derechos lingüísticos en el transporte interurbano por carretera. «Estos casos representan solo una muestra de la realidad que viven día a día los usuarios de estos medios de transporte», sentencia.
