Plataforma per la Llengua ha denunciado que el decreto ley que prorroga hasta 2034 concesiones de bus interurbano a empresas privadas ignora «completamente» los derechos lingüísticos de los usuarios, a pesar de ser un servicio público. En cambio, incluye obligaciones ambientales y de calidad del servicio. Ante esto, la ONG en defensa de la lengua reclama que el decreto incorpore cláusulas para garantizar la atención en lengua catalana.
La entidad que preside Óscar Escuder ha iniciado una ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios para pedir que el texto incorpore las cláusulas lingüísticas al texto, que el Parlamento de Cataluña debe convalidar este mes de mayo. La entidad recuerda que lamentablemente cada vez es más habitual encontrar servicios de transporte público donde no se garantiza la atención en catalán, tanto en la atención oral como en la comunicación escrita y digital.
En este sentido, recuerda que el Estatuto de Autonomía reconoce el derecho de opción lingüística también en los servicios públicos gestionados por empresas privadas. Plataforma per la Llengua considera que la atención en catalán es un derecho «esencial» y defiende que las administraciones deben velar para que se cumpla en todos los servicios públicos, especialmente en aquellos que tienen una incidencia cotidiana y territorial tan amplia como el transporte interurbano.
Aquest mes el @parlamentcat ha de convalidar el decret llei que prorroga fins al 2034 concessions de bus interurbà a empreses privades. 🚍
— Plataforma per la Llengua – Catalunya (@llenguacat_CAT) May 15, 2026
✍🏼 El text fixa obligacions ambientals i de servei… però ignora completament els drets lingüístics dels usuaris! 🧵 pic.twitter.com/hfBumKClwo
Las concesiones afectadas por el decreto de prórroga
Las concesiones afectadas por la prórroga son operadas actualmente por compañías como Moventis –a través de marcas como Sarbus, La Vallesana o Sarfa–, Sagalés, Monbus –a través de Hispano Igualadina–, Grup TGO, Hife, Plana, Teisa y Alsa –a través de Alsina Graells–, entre otras. Plataforma per la Llengua reclama incluir cláusulas lingüísticas en el decreto para que todas estas operadoras garanticen plenamente el uso del catalán en la atención oral, escrita y digital a los usuarios.
