La ministra de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha sostenido este viernes que «no es el momento» de abordar ni aplicar los sistemas de pago por uso en las autopistas AP-7 y AP-2 ante el actual contexto económico, después del fin de los peajes en 2021.
«No es el mejor momento, pero sin duda estamos estudiando esta propuesta y los diferentes modelos que puede haber», ha dicho en declaraciones en los medios después de un acto en Esplugues con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el consejero de Territorio, Juli Fernàndez, entre otras autoridades. La ministra ha advertido que el modelo de pago que finalmente se implante –que es el modelo que ahora se aplica a Europa, ha señalado– tendrá que contar con «consenso».
Nuevas restricciones de velocidad
Por otro lado, Sánchez se ha pronunciado sobre las restricciones en vigor desde este viernes en la AP-7 entre Martorell y Gelida (Barcelona), con la velocidad limitada a 100 kilómetros por hora y con la obligación para los camiones de circular por la derecha durante unos 7 kilómetros.
La ministra ha subrayado que el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) tiene «libertad para establecer estas medidas, que de entrada» el Gobierno valora positivamente; el SCT las compartió con el Ministerio hace unos meses, ha explicado. Por otro lado, ha destacado que el gobierno español puso en marcha un plan porque la AP-7 y la AP-2 sean vías «más sostenibles más seguras y que respondan mejor a los cambios de movilidad que se han producido» a consecuencia del levantamiento de los peajes.
Colaboración con la Generalitat
Según ha defendido, este plan incluye «actuaciones que desde esta perspectiva más integral y de dotar de mejor funcionalidad» a las vías a través de medidas compartidas y negociadas con los municipios, las diputaciones y la Generalitat.
Por su parte, el consejero de Territorio de la Generalitat, Juli Fernàndez, ha reivindicado la necesidad de tomar medidas para que las carreteras sean «seguras y fluidas». En declaraciones a los medios después del acto, ha subrayado que la titularidad de la AP-7 es del Gobierno: «Tenemos la necesidad que el ministerio tome decisiones y se mueva en este sentido».
