Las irregularidades en la gestión de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), que depende del departamento de Derechos Sociales de la Generalitat, también han llegado a la Inspección de Trabajo, además de a la Oficina Antifraude, la Sindicatura de Cuentas y la de Greuges. Tanto es así que se sancionaron empresas concertadas con la DGAIA. Y se hizo para amparar la actuación reglamentaria de un educador social que sufrió represalias por haber denunciado ante sus superiores, y por los canales oficiales internos, las irregularidades en las prestaciones económicas y de vivienda que recibían algunos de los jóvenes tutelados y extutelados.
Según el expediente de la Inspección de Trabajo, al que ha tenido acceso El Món, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Fundació Mercè Fontanilles-Resilis –punto embrionario de las investigaciones por irregularidades- fue sancionada con 2.541 euros –multa que la entidad aceptó sin recurso– por vulneración de la ley de Prevención de Riesgos Laborales. Todo ello por la falta de activación de los protocolos preventivos contra el acoso que sufrió un educador cuando había denunciado internamente las irregularidades.
De hecho, este denunciante está protegido ahora por la Oficina Antifraude de Cataluña y fue amenazado de muerte, por los supuestos «afectados de sus denuncias», tal como investigan los Mossos d’Esquadra desde el 27 de mayo de 2024. Una investigación que terminó con un acusado que está en búsqueda y captura, desde el pasado 10 de marzo, cuando se debía celebrar la vista oral por las amenazas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Girona.
Hacia la Inspección de Trabajo
El 29 de mayo de 2024, Teresa San Miguel López, jefa del Área de Apoyo a los Jóvenes Tutelados y Extutelados (ASJTET), firmó una resolución contra la denuncia interna de irregularidades interpuesta por el educador que luego pediría asistencia a la Inspección de Trabajo. «Podemos concluir que no se detecta ninguna irregularidad en la gestión realizada», sentenciaba la resolución administrativa. A raíz de este expediente interno y la decisión de no firmar ningún informe con el que no estuviera de acuerdo, comenzó una ofensiva de los superiores contra el denunciante que ya se venía gestando desde el mes de marzo. De hecho, desde el 18 de marzo al 25 de abril se celebraron cuatro reuniones con el trabajador que se negaba a firmar informes. Fue entonces cuando le reprocharon arbitrariamente que no realizaba de manera «adecuada» sus tareas.
El trabajador mostró su disconformidad y pidió la aplicación del protocolo antiacoso. La situación laboral se complicó aún más. Ante la situación de «ostracismo y menosprecio» a la que el denunciante consideraba que lo sometía la empresa desde que se negó a «hacer la vista gorda y falsear informes», la Inspección de Trabajo abrió una investigación el 3 de septiembre de 2024. Inmediatamente, requirió toda la documentación y citó a la directora de recursos humanos de la entidad Resilis, la coordinadora «referente» del Servicio de Seguimiento y Valoración de la prestación económica de los jóvenes extutelados (SEVAP), y la coordinadora de este mismo SEVAP en el ámbito territorial, que cuelga de la UTE que gestiona las prestaciones.
Negativa a los informes
Según se desprende del informe, la coordinadora “referente” manifestó a la Inspección que se le había derivado al denunciante un expediente y este se había «negado» a tramitarlo». «Se informó al trabajador que no podía negarse a su tramitación, si bien se decidió que lo asumiría la misma coordinadora», apunta la Inspección en su resolución del 13 de noviembre de 2024. De hecho, la inspección tenía grabaciones de las discusiones y los reproches de los superiores del educador social donde admitían que cometían irregularidades, grabaciones que ahora están en manos de la Oficina Antifraude. «A pesar de eso, se dijo al trabajador que no se aceptarían más peticiones similares», aseveraba la inspección. Eso sí, la parte empresarial «negó todas las afirmaciones realizadas por el trabajador así como las conductas hostiles hacia su persona».
Ahora bien, la Inspección da un paso más allá y establece que, una vez el trabajador pidió la puesta en marcha de un expediente antiacoso, se detectó una «implementación deficiente del protocolo y la falta de una evaluación de riesgos psicosociales». De hecho, reprochan que ni siquiera se registró el testimonio del denunciante y solo se habló «telefónicamente» con una de las coordinadoras. «No hay más documentos relativos a la instrucción», resalta el expediente. «No hay entrevista al trabajador que solicitó la activación, por estar de baja, ni a la otra trabajadora del centro, J.F.», añaden.
La Inspección consideró que si la UTE comenzó su actividad en septiembre de 2022, ya debían disponer, y más en el sector donde trabajaban, por su especial consideración y tarea, de un documento concluido de evaluación de riesgos psicosociales, porque «aún se encuentra en proceso de elaboración». De ahí que se sancionara a la UTE con 2.541 euros por infracción grave prevista en la ley de Prevención de Riesgos Laborales. La UTE aceptó los hechos y «reconoció la responsabilidad» y la sanción el 27 de noviembre y pagó la multa aprovechando la reducción legal y acabaron abonando 1470,60 euros al Departamento de Trabajo.
Resilis negó irregularidades
En enero de 2025, la Fundació Resilis emitió un comunicado en el que negaba haber cometido irregularidades por unas primeras informaciones publicadas sobre los servicios de la DGAIA que gestionaban. La dirección general de la fundación aseguraba que Judilex, empresa de compliance penal, concluyó de manera «clara y contundente» que no había irregularidades en la prestación de los servicios que tenía contratados.
