Han pasado casi tres años desde que la ministra de Sanidad, Mónica García, inició las negociaciones para reformar el marco estatutario de relaciones laborales en el ámbito sanitario. El objetivo de la ministra es crear uno nuevo que permita mejorar las condiciones de los profesionales, ya que el actual es del año 2003 y, según el propio gobierno español, ya «ha quedado obsoleto«. Pero tres años después de que se iniciara el período de negociaciones, las conversaciones con las organizaciones sindicales siguen estancadas. Mala pieza en el telar de la ministra si quiere que se pueda aprobar primero en el Consejo de Ministros y luego superar todos los trámites y debates en el Congreso con Pedro Sánchez al frente de la Moncloa. Desde que la ministra Mónica García puso sobre la mesa la necesidad de reformar el estatuto de condiciones laborales, los sindicatos implicados en la negociación no han visto gestos para reflejar sus demandas, motivo por el cual no descartan salir a la calle.
Por su parte, los sindicatos de enfermería involucrados en las conversaciones han exigido que el nuevo estatuto reconozca la reclasificación profesional de este colectivo, de categoría B, donde se encuentran ahora, hasta categoría A. De hecho, este ha sido uno de los principales puntos de conflicto de las enfermeras con la administración, tanto catalana como española. Denuncian que su formación y sus tareas no se corresponden con la categoría profesional estipulada. En este sentido, los sindicatos de técnicos sanitarios también han fijado la reclasificación profesional como una de las principales líneas que hay que estipular en el nuevo documento de relaciones laborales del sector: «Pretenden que nos conformemos con el grupo funcionarial B, dieciocho años después de su entrada en vigor, vendiéndonos que se trata de una reclasificación, cuando nosotros ya somos B desde entonces», argumentan desde el colectivo de técnicos sanitarios en conversación con El Món. De hecho, los técnicos sanitarios han llevado a cabo en los últimos meses algunas movilizaciones para reivindicar su postura.
Los médicos luchan su propia guerra
Mientras enfermeras y técnicos sanitarios reman en la misma línea, el colectivo de médicos se ha desmarcado para exigir su propio estatuto laboral. El pasado marzo, varias organizaciones sindicales de médicos de todo el estado, entre ellos el sindicato Médicos de Cataluña, se unieron en la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) con el objetivo de reclamar un espacio de negociación propio y exclusivo con la Moncloa. Quieren consensuar un nuevo estatuto laboral para su sector, ya que consideran que están “infrarepresentados” en las mesas de negociación con el gobierno español. De hecho, según aseguran desde la agrupación, de los cinco sindicatos representados en la mesa -UGT, CCOO, CSIF, CIG y FSES-, solo el último es estrictamente sanitario, lo que les preocupa especialmente a la hora de blindar un nuevo marco laboral que aporte mejoras para el sector. «En ningún caso se está constituyendo un nuevo sindicato, sino una plataforma transversal para unir, cohesionar y coordinar la profesión médica«, explicaban en la rueda de prensa de presentación.
A pesar de sus intentos de exigir una negociación independiente, la cartera que encabeza Mónica García no contempla -y nunca lo ha hecho- excluirlos del nuevo estatuto de los profesionales del ámbito sanitario del estado. A raíz del malestar del colectivo de médicos, en algunos puntos del estado ya se han producido manifestaciones e, incluso, algunas jornadas de huelga, como por ejemplo en Galicia, donde hubo un seguimiento del 15% por parte de los trabajadores de este sector de los centros de atención primaria y hospitales.
Los escollos que estancan el nuevo estatuto
El principal obstáculo con el que ha topado la ministra en los últimos meses es la financiación del sector. En la última reunión que el gobierno español mantuvo con los diferentes titulares de salud de las comunidades autónomas, los consejeros, «independientemente del color político» según aseguran, le trasladaron a la ministra que antes de continuar negociando los flecos del nuevo estatuto es necesario un informe de viabilidad, solvencia jurídica y compromiso presupuestario. Es decir, que la Moncloa se marque unos compromisos económicos en las cuentas -las cuales continúan prorrogadas- para desbloquear las novedades en la regulación laboral. Una idea que también esgrimen las organizaciones sindicales, que insisten en que sin un incremento de la financiación no se pueden cumplir algunas de sus reclamaciones, como la reclasificación profesional en el caso de las enfermeras y los técnicos sanitarios.
Ahora bien, mientras las comunidades y los sindicatos insisten en la necesidad de hablar de recursos económicos, desde la Moncloa mantienen que es prioritario cerrar la letra pequeña del nuevo documento antes de abordar cuestiones de financiación: «Cuando las comunidades nos dicen que primero debemos hablar de financiación antes de hablar de medidas, nosotros lo que les decimos es que primero hablaremos de las medidas y, en función de eso, sabremos cuánto financiamiento necesitamos», respondió la titular de la cartera a las comunidades en la reunión que mantuvieron el miércoles de la semana pasada. Con el argumento de la financiación como arma, una de las comunidades autónomas que intenta torpedear la reforma del gobierno español es la de Madrid, ya que su consejera, Fátima Matute (PP), acusa a la ministra de querer «engañar» a los profesionales del sector con una remodelación que no les aportará beneficios. De hecho, Matute asegura que si en septiembre no hay un estudio técnico que acompañe el nuevo borrador, continuarán posicionándose en contra: «En septiembre estudiaremos, comenzaremos de nuevo, haremos estos estudios previos y con nuestros técnicos lo tendremos todo en cuenta y hablaremos con todos y cada uno de los profesionales sanitarios y no sanitarios», argumentan desde Madrid.
En septiembre, nueva prueba de fuego de la reforma de la ministra
Tras una infructuosa reunión entre el ministerio y las comunidades autónomas la última semana de junio, y ante las reticencias de los sindicatos, la Moncloa se enfrenta a una nueva prueba de fuego este mes de septiembre. Las organizaciones sindicales rechazan el último borrador del estatuto marco presentado por el gobierno español, ya que consideran que supone un «paso atrás» respecto a las anteriores ediciones del documento sobre las cuales habían estado trabajando. Es por este motivo que los sindicatos piden que en el nuevo borrador que presente el ministerio se incluyan las mejoras ya acordadas y las dos medidas que consideran «irrenunciables»: el reconocimiento retributivo correspondiente al nuevo modelo de clasificación profesional, y el acceso a la jubilación anticipada voluntaria y a la jubilación parcial -las cuales no quedaban bien recogidas en el último borrador.
De hecho, desde los sindicatos del sector advierten que, en caso de que el nuevo borrador de la consejería no cumpla con sus exigencias, no descartan comenzar nuevas movilizaciones, incluida una posible huelga coordinada entre territorios: «El ministerio tiene un plazo, la segunda quincena de septiembre, y estamos más unidos que nunca para lograr nuestro objetivo, que no es otro que resolver los actuales problemas laborales que se viven en los centros de trabajo, dotando a los trabajadores a los que representamos de unas condiciones de trabajo propias del momento social actual», aseveraba la presidenta de SATSE, Laura Villaseñor, tras reunirse con el ministerio. Este septiembre es la prueba de fuego definitiva de la ministra Mónica García para desbloquear el nuevo estatuto sanitario. Si la responsable de la cartera no consigue perfilar los flecos, las negociaciones podrían continuar dilatándose y, por tanto, cerrarse en la siguiente legislatura, quizás sin el PSOE. Una presión en el calendario que los sindicatos aprovechan para endurecer el tono e intentar mejorar significativamente sus condiciones laborales.
