El PSC ha anunciado que apoyará la proposición de ley presentada por Junts en el Parlamento de Cataluña para acabar con las «ocupaciones conflictivas» por la vía rápida. La portavoz de los socialistas, Alícia Romero, ha asegurado este martes que «de entrada» están de acuerdo con la propuesta, que Junts ha transaccionado con Cs y que contará con el apoyo de PP y Vox. Los socialistas han presentado varias enmiendas y que acabarán de decidir el sentido del voto en función de cómo se resuelvan.
El Parlamento catalán tiene previsto debatir y aprobar este miércoles la proposición de Junts, que apuesta por introducir cambios para que los ayuntamientos y las comunidades de vecinos puedan reclamar el desalojo de personas que ocupen pisos de grandes tenedores en un máximo de 30 días. ERC, la CUP y los comunes han criticado el pacto del PSC con los partidos de la derecha porque perjudicará «gravemente» las familias vulnerables, que tendrán muchas más dificultades para frenar desahucios.
La PAH pide al PSC y a Juntos que «recapaciten»
Los movimientos sociales han pedido al PSC y a Junts que «recapaciten» y se abran a introducir enmiendas de «mínimos» para proteger a las familias sin recursos. «Si el PSC se suma, la ley se puede aprobar mañana con votos del PSC, Cs, JxCat, PP y Vox», ha advertido la portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), Lucía Delgado, que ha lamentado que ningún partido haya pedido un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias.
La proposición de ley de Junts se refiere a los pisos de grandes tenedores –normalmente multinacionales, fondos buitre y grandes empresas que tienen decenas de pisos– y, según alerta la PAH, está «mal formulada» porque no traslada la responsabilidad a quien «gestiona mal» su cartera de activos y permite que haya centenares de pisos vacíos en Cataluña. «La ley es un absoluto despropósito con fines electoralistas», ha insistido Delgado.
En un acto con representantes de ERC, los comunes y la CUP, los movimientos sociales de defensa de la vivienda rechazan que los ayuntamientos y las comunidades de vecinos puedan poner en marcha los trámites para desalojar un piso. Consideran que el redactado da mucho margen al concepto «ocupaciones conflictivas» y que, en última instancia, afectará a muchas familias vulnerables sin alternativas habitacionales.
Por eso piden que la ley evite generalizar y establezca una escala para graduar el nivel de conflictividad. Un ejemplo habitual son las familias que tienen que pinchar la luz porque no pueden contratar suministros porque ocupan un piso, una situación que, con la nueva ley, se podría considerar conflictiva y, por lo tanto, acabaría con su desahucio. Las entidades reclaman en el Gobierno que cumpla con los compromisos adquiridos e instale contadores sociales.
