A primera hora de este viernes por la mañana el diario digital La Directa ha destapado que una agente de la policía española pasó tres años infiltrada en los movimientos independentistas y de defensa de la vivienda de Girona y Salt. Este es el cuarto caso de topos detectados entre las filas independentistas en Cataluña. Una vez la noticia ha salido a la luz, todos los políticos de las diferentes formaciones que están actualmente en campaña para el 23-J han corrido a dar su opinión al respeto.

Si bien es cierto que casi todas las fuerzas políticas han dado una opinión bastante similar, algunos han optado para sacar hierro de la cuestión e intentar justificarla. Antes que nada, desde Junts han cargado con fuerza ante estas acciones y acusan el Estado español de «fabricar pruebas falsas e infiltrar policías» solo para perseguir el independentismo: «Esto es propio de regímenes autoritarios», sentencia la candidata en el Congreso Míriam Nogueras. Una tónica de discurso muy similar a la que ha usado la republicana Teresa Jordà.

La candidata de Junts, Míriam Nogueras, y el ex consejero Josep Rull, en un acto informativo ante la estación de Mataró / ACN

Siguiendo en esta línea, el candidato del PDeCAT – Espai CiU, Roger Montañola, ha considerado que «no se puede ser favorable a este tipo de acciones» porque «no aportan ningún beneficio ni generan credibilidad al sistema». Para Montañola, el ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, tendría que haber dimitido ya hace tiempo. Una idea que también comparte la jefa de lista de los comunes por Barcelona, Aina Vidal, quien asegura que pedirán explicaciones a titular de la cartera: «Esperamos que no sea el señor Marlaska, pero volveremos a pedir al ministro competente que dé explicaciones», sentencia Vidal.

La justificación del PP

En cambio, a diferencia del resto de formaciones políticas, el candidato del PP a las elecciones por Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha querido sacar hierro en la publicación de la Directa y remarca que está «convencido» que la policía no infiltra ningún agente «por razones superfluas o arbitrarias». «Lo hace con un mandato judicial y con un criterio razonable de peligrosidad. Es normal, es el que hacen en todos los países democráticos del mundo», subraya.

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