Plataforma per la Llengua ha denunciado un nuevo caso de discriminación lingüística en el ámbito de la salud. Después de que esta semana trascendiera que un médico del el Hospital Universitari Dexeus de Barcelona se negó a atender en catalán a una paciente con amnesia, ahora se ha conocido que una psicóloga del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Reus, gestionado por el grupo Pere Mata, se negó a atender a una usuaria porque no se dirigía a ella en castellano. Además, el caso es doblemente grave porque, según detalla la entidad, el Departament de Salut ha justificado la discriminación, a la cual se refiere como «la supuesta vulneración de derechos por el hecho de ser atendidos en castellano», y ha excusado a la sanitaria porque «es recién llegada a nuestro país». La ONG del catalán, que ha acompañado a la familia afectada, y llevará este caso de discriminación lingüística a la Subdirección General de Evaluación e Inspección Sanitarias, considera que la respuesta que ha dado el Gobierno en este caso es «inadmisible» y, además, teme que los hechos vuelvan a quedar «impunes».
Los hechos denunciados por la entidad presidida por Òscar Escuder del catalán ocurrieron el pasado 4 de septiembre, cuando una madre llamó al centro porque su hijo, con síndrome de Asperger, llevaba días mostrándose muy angustiado y no se levantaba de la cama. La madre fue atendida, en castellano, por un recepcionista que le explicó que los profesionales que atendían habitualmente a su hijo no estaban y redirigió la llamada a una psicóloga que hasta entonces no les había atendido nunca. Entonces, la madre comenzó a relatarle, en lengua catalana, el caso de su hijo a la psicóloga, pero la profesional sanitaria la interrumpió y le dijo que si no le hablaba en castellano, no la podría atender. La usuaria le preguntó si el catalán no era un requisito laboral, y según ella, la psicóloga, «seca», le dijo que no y le volvió a exigir que hablara en castellano si quería ser atendida. En un momento de la conversación, la sanitaria intentó colgar, pero la madre le pidió que no lo hiciera y, ya en castellano, le dijo que creía que «en un centro de salud mental infantil y juvenil es esencial que los pacientes puedan expresarse en su lengua». Aun así, la madre tuvo que acabar explicando el caso de su hijo en castellano a la psicóloga.
La usuaria decidió informar del caso a la ONG del catalán, que la ha asesorado desde el primer momento y trasladó el caso de Reus al Departament de Salut. La Regió Sanitària Camp de Tarragona ha respondido, según denuncia la entidad, de «manera indigna» porque la jefa de la Unidad de Atención al Ciudadano ha confirmado «que se produjo una incidencia» y lamenta «el malestar», pero «justifica a la profesional». En este sentido, la entidad remarca que en la respuesta se argumenta que la sanitaria «es recién llegada a nuestro país» y explica que «aún no dispone del conocimiento necesario del catalán para atender una llamada de urgencia». «Hay que tener en cuenta que si no lo sabe, no sería apta para atender un teléfono de urgencias y que la responsabilidad es del centro sanitario también si sabe que esta profesional no tiene las aptitudes lingüísticas requeridas para dar el servicio legalmente previsto a sus usuarios», recuerda la entidad. Asimismo, Plataforma per la Llengua lamenta que Salut solo se limite a decir que «revisará nuevamente su caso», pero, en cambio, no se comprometa a sancionar este tipo de actitudes.
Salut alega «falta importante de psiquiatras» para justificar la discriminación lingüística
Salut, además, justifica la discriminación lingüística porque en Cataluña «hay una falta importante de psiquiatras, psicólogos clínicos y enfermeros de salud mental» que hace que «se contraten profesionales de otros territorios» y añade lo siguiente: «En cuanto a la supuesta ‘vulneración de derechos’ por el hecho de ser atendidos en castellano, se considera una vulneración mayor de los derechos no poder atender a los usuarios de nuestro territorio por el hecho de no poder contratar profesionales competentes de otros territorios de España». Plataforma per la Llengua califica de «grave» la respuesta porque «fija una jerarquía entre dos derechos compatibles y sitúa a la víctima de una discriminación lingüística en la posición de tener que elegir entre ser atendida en catalán o no ser atendida, como si no fuera posible todo».
Además, remarca que cuando la respuesta del Departamento subraya la preparación de la profesional sanitaria discrimina de nuevo a la afectada porque «considera que lo que ha pasado es un «modelo» de actuación», y constata que a «Salut no le preocupa que se viole la normativa y se vulneren los derechos de la usuaria». Finalmente, la ONG del catalán señala que es «especialmente grave» que en el ámbito sanitario no se garantice que los usuarios puedan ser atendidos en catalán y «aún más que eso suceda en centros que ofrecen servicios de salud públicos». «Hay que tener en cuenta que, en el ámbito de la salud, las discriminaciones son triplemente graves, porque los profesionales sanitarios tienen un rol de poder sobre los usuarios, ya que la relación entre ambos parte de una situación inicial de vulnerabilidad y sufrimiento por parte del usuario y, además, pueden afectar la seguridad asistencial y la salud del paciente», concluye la entidad.
