Esta semana se hizo pública la denuncia de Miquel Buch contra un restaurante barcelonés por una presunta discriminación lingüística. El exconsejero de Interior aseguraba que el responsable del establecimiento Café de París le había anulado la reserva de la mesa después de dirigirse a los camareros en catalán, un extremo que el negocio no ha querido desmentir explícitamente. A la espera de ver si este episodio termina en una denuncia formal por parte de Buch, el balance sobre el recorrido legal de este tipo de infracciones no es muy optimista. Según datos de la Agencia Catalana de Consumo (ACC) obtenidos por la ACN a través de una petición de transparencia, solo un 7% de las denuncias por vulneración de derechos lingüísticos de los consumidores presentadas entre el 2012 y el 2024 han terminado en sanción.
En concreto, si nos centramos en este lapso de doce años, comprobamos que se han interpuesto sanciones en 367 de las 5.406 denuncias tramitadas por la ACC y por el Departamento de Política Lingüística, sesenta de las cuales han terminado en multas por motivos no lingüísticos. El importe medio de la multa es de 2.240 euros. Tres de cada diez multas (29,9%) son por no incluir el catalán en la información de carácter fijo, es decir, rótulos del comercio, carteles en los escaparates o en el interior, o la señalización del horario comercial del establecimiento, entre otros. Una cuarta parte (25,5%) es por no utilizar la lengua catalana cuando se invita a comprar, es decir, en cualquier comunicación comercial que indica las características del bien o servicio y su precio, como pueden ser las cartas de los restaurantes.
En cuanto a las vulneraciones de derechos lingüísticos en materia de etiquetado, los datos referenciados por la agencia de noticias indican que esta tipología solo ha motivado el 3,5% de las sanciones, mientras que el resto están relacionadas con los manuales de instrucciones, la documentación contractual, la atención u otras circunstancias. En este sentido, dos de cada diez denuncias que terminan en multa lo hacen no por la razón original que abrió el caso, sino por temas no lingüísticos.
Multas de hasta 10.000 euros y repunte en los últimos dos años
Si nos fijamos en el importe de estas sanciones, vemos que las más altas impuestas son de 10.000 euros, una cantidad que solo se ha dado en 12 ocasiones. En conjunto, constan los importes impuestos en 293 casos, que suman 685.901 euros. Sin embargo, la información facilitada por la ACC apunta que, en los últimos dos años, las quejas y denuncias por discriminación del catalán se han disparado con 3.000 expedientes entre 2023 y 2024. Esto supone aproximadamente la mitad de todos los registrados desde el año 2012.
