Este jueves por la mañana el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido una sentencia que obliga definitivamente la escuela Cerro del Dragón de Canet de Mar a ofrecer una asignatura troncal más en castellano a una alumna de la escuela y toda su clase. Una decisión que no ha tenido un buen recibimiento entre las entidades que defienden el catalán. A raíz de este caso, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, acusa el TSJC de actuar «como un activista militando contra la lengua catalana» y califica la sentencia «de aberración jurídica». En unas declaraciones para medios de comunicación después de que se hiciera pública la sentencia, Antich también ha querido dejar claro que la batalla no ha acabado con esta sentencia, porque desde la entidad tienen la intención de recorrer contra la resolución de los magistrados en el Tribunal Supremo, y en caso de que fuera necesario salir de España y llevar el caso ante instancias europeas: «Si hace falta, llevaremos el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», concluye.

El presidente de Òmnium ha instado el Gobierno, especialmente al Departamento de Educación, a impulsar una «normativa clara» para evitar que los tribunales «tengan margen de interpretación» en la hora de resolver sobre el uso del catalán a las aulas, puesto que, la última modificación de la normativa aprobada por la Generalitat para esquivar el 25% solo ha servido para parar una parte del recurso presentado por los padres. Así pues, usando las rendijas judiciales, el TSJC obliga la escuela a hacer una asignatura troncal más en castellano, pero les permite mantener el proyecto lingüístico actual.

Laura Borràs, escoltada por Albert Batet, en el último día como diputada en el Parlamento/Mireia Comas
Laura Borràs, escoltada por Albert Batet, en el último día como diputada en el Parlamento/Mireia Comas

Borràs critica los jueces

Quien también se ha mostrado descontenta con la sentencia del Tribunal es la presidenta de Junts, Laura Borràs, quien acusa los jueces de actuar como «pedagogos» en lugar de hacer su trabajo: «Ya hemos visto jueces haciendo de políticos. Ahora también hacen de pedagogos. Los tribunales tienen que garantizar el cumplimiento de las leyes, no decidir la política lingüística a las aulas», espeta.

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