Las opciones que el catalán, junto con la del gallego y el euskera, se convierta en lengua oficial en la Unión Europea, que era una de las condiciones de Junts a cambio de sus apoyos para facilitar la Mesa del Congreso y la posterior investidura de Pedro Sánchez, se deshinchan. Sánchez y el gobierno español no lo consiguieron durante los seis meses de presidencia de turno española al Consejo de la Unión Europea y ahora, bajo la presidencia Bélgica, no se ha incluido entre los puntos que se debatirán en el próximo Consejo de Asuntos Generales de la UE que se celebrará el próximo lunes 29 de enero, y Junts y ERC ya han reclamado a la presidencia belga que aborde el tema «el más bien mejor». Una petición que ya ha recibido respuesta a través del embajador belga en España, Geert Cockx, que se ha comprometido a reanudar los trámites en cuanto tengan los “informes pendientes” que están elaborando los servicios jurídicos de la Comisión Europea.
A pesar de la predisposición belga, que deberá verse si se hace efectiva, expertos consultados por El Món muestran sus dudas que Bélgica lleve este tema a la mesa del consejo porque a día de hoy no hay acuerdo y creen que «el momento político ya ha pasado». Así mismo, recuerdan que durante la presidencia española hubo países como Letonia, Finlandia o Suecia que mostraron sus dudas y, si no se obtiene el apoyo de los 27 estados miembros, no hay nada a hacer, porque es un acuerdo que requiere unanimidad del Consejo.
Vicent Climent-Ferrando, investigador de la Cátedra Unesco de Políticas Lingüísticas, asegura que «el tren de la oficialidad del catalán ha pasado» y duda «mucho» Bélgica proponga una cosa que, según él, «no le corresponde» y que priorizará otros intereses en la agenda comunitaria, como por ejemplo aspectos vinculados a la inmigración, la salud o la inteligencia artificial. Aun así, matiza que el hecho que no se trate en la primera reunión bajo presidencia belga no impide que se trate más adelante y recuerda el compromiso con España, pero insiste que «el momento político ya ha pasado» porque Sánchez ya ha conseguido mantenerse en la Moncloa.
El consejero político del ONG Unión Federal de Nacionalidades Europeas (FUEN en inglés), el finlandés Johan Häggman, por su parte, ha explicado que ha mantenido conversaciones con el asistente del ministro de Asuntos Europeos de Finlandia, uno de los países que, junto con Suecia, ha mostrado sus dudas sobre la oficialidad. El asistente, según el experto, «no veía muy probable» que el Consejo apruebe por unanimidad esta medida. «No es porque tengan nada contra el catalán», remarca, y apunta que la causa es que ambos países tienen gobiernos «euroescépticos». «Yo veo que todavía es posible, porque el Consejo no ha decidido nada, pero lo veo poco probable porque habrá más gobiernos que se oponen a la idea».
Häggman, que acumula más de 20 años de experiencia en la promoción de lenguas minoritarias y asesorando la UE sobre política lingüística y habla perfectamente catalán, también ha mostrado los suyos dudas sobre el papel de Bélgica y cree que no hará «ningún esfuerzo» para conseguir la oficialidad. «La presidencia española hacía un esfuerzo para salir adelante el asunto y para hacer oficiales el catalán, el euskera y el gallego, pero no lo ha conseguido. Soy bastante pesimista», concluye. Climent insiste que aunque Bélgica lo proponga, «ya hay estados, como Suecia y Finlandia, que han dicho que no toca hablar sobre la oficialidad del catalán». «Si lo han dicho hace tres meses en España, que es la principal interesada, en Bélgica le dirán el mismo, porque son los mismos actores», resalta.
El coste de la oficialidad es «muy pequeño»
Malgrat que España se ha comprometido a asumir el coste de la oficialidad, que la Unión Europea cifra en unos 44 millones de euros, el problema, según Vicent Climent-Ferrando, es de «voluntad política». En este sentido, Johan Häggman ha remarcado que «no hay ningún impedimento» porque el gobierno español, como se ha comprometido, asuma este coste porque, de hecho, ya paga los costes de la traducción al catalán, que está reconocida como lengua de comunicación con los ciudadanos. Así mismo, ha señalado que «el coste es muy pequeño» porque no llega al 1% del presupuesto, pero estos países que se oponen «no quieren aumentar las competencias de la Unión» y, según dice, es un periodo «muy difícil» para cambiar el régimen lingüístico.
Por otro lado, el experto finlandés en lenguas minoritarias resalta que Plataforma per la Llengua está haciendo un trabajo «muy bueno» con la campaña
Plataforma per la Llengua critica la negociación del Estado español
El presidente del ONG del catalán, Òscar Escuder, espera que el catalán consiga una «oficialidad de primera», pero admite que «no es buena señal» que la oficialidad del catalán caiga del orden del día de la próxima reunión del Consejo. Aun así, resalta no los preocupa «en exceso», pero admite que «no se sabe cómo de lejos está la oficialidad». «Sí que sabemos que nunca habíamos estado tan cerca porque nunca se había llevado al Consejo», añade.
En cambio, el que preocupa la entidad es si el gobierno español «realmente se pondrá seriamente como uno de los temas que los preocupan» o dejará «pasar el tiempo echando pilotas adelante». «Que no se incluya en el orden del día de la próxima votación, teóricamente, puede querer decir que el Estado está negociando y argumentado estado por estado lo que hace falta, el que no ven claro y que los ofrece a cambio», pero también contempla la opción que el que esté pasando es que «tanto se los jode y dejen pasar tiempos».
Por otro lado, Escuder considera que «no es un problema» que la presidencia recaiga sobre Bélgica porque, junto con Islandia y Eslovenia, «ya han dicho que sí, sin reservas» y cree que toda la responsabilidad sobre si prospera o no la oficialidad recae sobre el Estado español y que «no hay ningún impedimento legal» para que el Consejo pueda aprobarla. «La vertiente negativa es que España no lo ha negociado como los estados negocian los temas que realmente los interesan», y añade que «España ha llegado aquí arrastrada por los pies» después del acuerdo del PSOE y Juntos. «Hace la impresión que una vez que han tenido la silla [de la Moncloa] lo han dejado estar o han disminuido la intensidad de la negociación, que nunca ha estado la que habría tenido que estar», y, en este sentido, el presidente de la Plataforma per la Llengua lamenta que «se han dejado pasar unos meses en que el Estado no ha puesto las ganas que habría tenido que poner». «Todo acaba reducido a un tema de voluntad política», concluye.
