La Unión Europea da un paso adelante para reconocer el catalán, el vasco y el gallego en sus instituciones. El gobierno español ha ratificado este lunes el acuerdo para que el Comité Económico y Social Europeo (CESE) permita el uso del catalán, así como de las lenguas cooficiales del Estado, en sus plenos. Para La Moncloa, el entendimiento con el organismo, un comité auxiliar de la UE dedicado a debatir las demandas de las organizaciones sindicales y patronales del continente, supone un paso atrás para el «reconocimiento» lingüístico en la UE.

Para el ejecutivo español, aseguran desde el ministerio de Asuntos Exteriores, es una «prioridad» hacer llegar el catalán, el vasco y el gallego al conjunto de las instituciones comunitarias. Para el departamento que dirige José Luís Albares, el uso de todas las lenguas oficiales del Estado en Europa sirve para «acercar las instituciones a la ciudadanía», y ratifica la «identidad nacional plurilingüe» que atribuyen al Estado español. Con este movimiento, queda más cerca la reclamación de Junts per Catalunya, que marcó como condición para investir al presidente Pedro Sánchez el reconocimiento completo del catalán como lengua oficial europea.

El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, y la secretaria general del CESE, Isabelle Le Galo / ACN
El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, y la secretaria general del CESE, Isabelle Le Galo / ACN

Un tránsito largo

El camino hacia la oficialidad del catalán en las instituciones europeas ha estado lleno de obstáculos. Los partidos catalanes reclamaban al gobierno español avanzar con la propuesta durante la presidencia de turno española de la UE, pero la oposición de varios países miembros chocó con la iniciativa. En concreto, cabe recordar, Suecia, Finlandia, Letonia y Lituania cuestionaron los objetivos españoles, asegurando que la medida podría tener «repercusiones» para otras lenguas europeas que no gozan de la condición de oficial en los 27. A pesar de que el gobierno español se comprometía a asumir todos los costos de la nueva condición, los países reticentes mantuvieron la distancia respecto de la medida.

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