Acció Cassandra ha presentado una denuncia penal ante los juzgados de Palma contra la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares por la actuación catalanofóbica de un médico de guardia. Los hechos se remontan al pasado 6 de febrero, cuando Gabriel, un catalanohablante de 65 años que acumula más de veinticinco años de trayectoria como donante, tuvo que marcharse sin poder donar sangre porque el médico de guardia que estaba en ese momento se negó a atenderle en lengua catalana y le exigió que le hablara en castellano.
La asociación jurídica, impulsada por los abogados Lluís Gibert y Josep Rosell, considera que esta negativa «injustificada» del médico a prestar un servicio sanitario público por motivo de lengua constituye «un menosprecio a la dignidad de la víctima como miembro de la minoría nacional catalana», una actitud que, según ellos, puede ser constitutiva de un delito de odio del artículo 510.2.a del Código Penal, así como de los delitos contra derechos fundamentales de los artículos 511 y 512 por discriminación en el acceso a un servicio esencial. La denuncia presentada por la entidad también hace referencia a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias y el Protocolo núm. 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíben expresamente la discriminación por razón de lengua y pertenencia a una minoría nacional y forman parte del ordenamiento jurídico español.
Antes de la denuncia, el donante interpuso una queja a la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares por el comportamiento catalanofóbico del profesional sanitario. Posteriormente, la dirección médica de la institución pública envió un correo electrónico a la víctima pidiéndole disculpas porque «en ningún caso debería haber marchado sin poder donar sangre». Asimismo, hace constar que «el catalán es la «lengua propia» de las Baleares y añade que «los donantes tienen derecho a ser atendidos en esta lengua», y también le anunciaron que tomarían medidas internas para que hechos como el que sufrió no se repitieran.
«Es un caso de discriminación lingüística grave»
A pesar de este reconocimiento, Acció Cassandra ha seguido adelante con la denuncia porque considera que los hechos son de una «gravedad que excede el ámbito administrativo y exige una respuesta penal», y por eso pide que se investiguen las responsabilidades, que se identifique al facultativo implicado, que se dé traslado a la Fiscalía de delitos de odio y que la asociación sea admitida como acusación particular. «Cuando una institución pública reconoce por escrito que los donantes tienen derecho a ser atendidos en catalán, este derecho debe garantizarse siempre y en todas partes, también en los juzgados, y no puede depender de la buena voluntad o de los prejuicios de un profesional concreto», defiende la entidad. De hecho, el abogado Lluís Gibert, presidente de Acció Cassandra, considera que los hechos no son «una simple incidencia», sino un caso de discriminación lingüística «grave que ha impedido una donación de sangre y que consideramos indiciariamente constitutivo de un delito de odio y contra los derechos fundamentales».
