La Fiscalía Provincial de Barcelona ha emitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 2 de Cornellà de Llobregat adhiriéndose al recurso de apelación interpuesto por Acció Cassandra contra la resolución de archivo dictada por el juez en el caso de un presunto delito de odio lingüístico por parte de un repartidor de Correos Express contra un hablante de catalán. Acció Cassandra valora positivamente la adhesión del Ministerio Fiscal a su recurso porque, según destaca en un comunicado, «avala la tesis de que los hechos denunciados pueden tener relevancia penal».
La Fiscalía considera que el archivo de la causa, según expone en el escrito judicial compartido por la entidad de Lluís Gibert y Josep Rosell, puede ser «ciertamente prematuro» y entiende que antes de tomar una decisión se debe citar a las partes para tomar sus declaraciones y establecer «en la medida de lo posible» la sucesión de los hechos para aclarar si «efectivamente los hechos se produjeron tal como el denunciante relata». Así, la entidad judicial considera que el posicionamiento del ministerio fiscal sitúa la causa «en una fase procesal clave». Ahora, el asunto está en manos de la Audiencia Provincial, que deberá decidir si confirma el archivo acordado por el juez o si, como solicitan el recurso y la Fiscalía, obliga a reabrir la instrucción y practicar diligencias.
Acció Cassandra considera que esta adhesión «constituye un aval institucional de peso» sobre la gravedad de los hechos denunciados y sobre la necesidad de investigar la «posible existencia de un delito de odio por motivo de lengua», de acuerdo con lo que establece el artículo 510 del Código Penal. En este sentido, la entidad judicial subraya que la denegación de un servicio ordinario a una persona hablante de catalán por exigirle el uso exclusivo del castellano se inscribe «en un patrón de discriminación contra la minoría nacional catalana que trasciende el ámbito meramente administrativo o comercial».
El repartidor se negó a entregarle un ordenador porque se le dirigió en catalán
Acció Cassandra presentó el pasado mes de julio una denuncia penal en los Juzgados de Guardia de Cornellà de Llobregat contra un repartidor de Correos Express que se negó a entregarle un ordenador porque el cliente le habló en catalán. Así consta en la denuncia de los hechos, que se remontan al pasado 30 de mayo. Según el relato del denunciante, el repartidor de Correos Express le exigió que le dijera “en español” el DNI y rechazó entregarle el paquete cuando lo hizo en catalán.
A pesar de la discriminación lingüística sufrida por el cliente, el sistema interno de la compañía de mensajería marcó la incidencia como una entrega fallida porque el receptor no disponía «de la documentación necesaria”, un hecho que se demostró que era falso porque la documentación era correcta y se presentó cuando tocaba. Para hacerse con el ordenador que estaba esperando, el hombre tuvo que ir. Finalmente, el denunciante pudo recoger el ordenador, pero tuvo que ir a la oficina de Correos.
