Nueva reprimenda de la Sindicatura de Cuentas al departamento de Derechos Sociales, ya muy castigado por el escándalo de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA). En un nuevo informe, difundido esta mañana por la misma auditoría pública, se destaca que “la falta de seguimiento y control efectivos en la gestión de las prestaciones ha provocado la existencia de casos que podrían incurrir en incompatibilidades y un volumen elevado de pagos indebidos –167,56 M€ en el período 2016-2024”. Además, destaca que un porcentaje elevado ya no se podría reintegrar por haber prescrito. Es decir, entre los Gobiernos de Carles Puigdemont, durante la aplicación del 155, de Quim Torra y Pere Aragonès. A la consejera de Derechos Sociales, la Sindicatura le vuelve a encomendar trabajo.
El informe, con número 6/2025 y al que ha tenido acceso El Món, se titula “Departamento de Derechos Sociales: prestaciones económicas de derecho subjetivo, ejercicio 2022”. Un control contable realizado en cumplimiento de su Programa anual de actividades. El informe, presentado por la síndica Maria Àngels Cabasés como ponente, fue aprobado por el Pleno de la Sindicatura en la sesión del 20 de mayo del 2025. El objetivo de este informe de auditoría operativa es “fiscalizar la eficacia, la eficiencia y la economía de la gestión por parte del Departamento de Derechos Sociales (DDS) de las prestaciones sociales de carácter económico y derecho subjetivo”.
“Debilidades”
El informe es especialmente duro al generalizar que se ponen de “relieve debilidades importantes que afectan negativamente la eficacia, la eficiencia y la economía de la gestión del conjunto de prestaciones económicas de derecho subjetivo”. Esencialmente, estas debilidades comprometen los ámbitos de la planificación estratégica, el establecimiento de los objetivos e indicadores vinculados a la intervención pública, el acceso a los datos, la cobertura poblacional, la coherencia entre prestaciones gestionadas por el Departamento de Derechos Sociales y por otras administraciones, los tiempos de resolución de las solicitudes, las acciones de seguimiento y control, el acceso efectivo a las prestaciones y su homogeneidad territorial”, añade.
Asimismo, la auditoría enfatiza que “durante la fiscalización la Sindicatura ha observado que había riesgo de conflicto de interés en la gestión y supervisión de algunas prestaciones externalizadas a un conjunto de entidades colaboradoras sin ánimo de lucro, para la actividad de las cuales no se ha garantizado un marco de regularidad y transparencia, hecho que puede comprometer la consecución del interés general en la implementación de la política pública”. Un caso como el de la DGAIA.
Para la Sindicatura, “la cuantía destinada a las prestaciones económicas es insuficiente para proteger ante la pobreza, y presenta ciertas limitaciones a la hora de corregir tendencias crecientes en costos o diferencias territoriales”. Además, carga contra los “tiempos dilatados en la gestión de las prestaciones, la falta de mecanismos de seguimiento y control, y la inexistencia de un marco de supervisión que garantice que se protege el interés general en todos los casos limitan la efectividad de la intervención”. “Se observa una falta de equidad territorial en el acceso a las prestaciones por parte de las personas en situación de pobreza, en términos de municipios”, resalta el informe en las carencias.
