El caso de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) sigue generando controversia. Este miércoles por la mañana, la comisión de Derechos Sociales del Parlamento continuó los trabajos para aclarar la situación que llevó, incluso, a cambiar el nombre de la misma DGAIA para rebautizarla como Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). Uno de los primeros cambios fue el relevo de la directora de la antigua DGAIA, Isabel Carrasco, y del subdirector, Josep Mayoral, el pasado mes de marzo, después de solo seis meses en el cargo. Tanto Carrasco como Mayoral han comparecido en la comisión para explicar su versión de los hechos sobre la crisis abierta en la entidad.
Carrasco ha sido clara al considerar que su cese es político y ha dicho que lo entiende porque, de la misma manera que la nombraron, la podían destituir. «Yo tenía perfil técnico, no provenía ni de su entorno ni de su confianza», ha sentenciado advirtiendo que nunca la consellera Mònica Martínez Bravo le explicó los cambios que se anunciaron el pasado 26 de mayo. Por otro lado, Carrasco ha insistido en que es un trabajo que conlleva «casos complejos» y con una «gran presión emocional y social».
No obstante, ha reivindicado el trabajo realizado por la DGAIA, con unos recursos humanos y económicos «insuficientes» a pesar de éxitos como el proyecto Barnahus, de centros especializados en los niños con la participación e implicación de varios departamentos de la Generalitat. «Siempre digo que somos el departamento pobre de la Generalitat donde los niveles de los profesionales son de los más bajos», ha sentenciado, para añadir que «siempre estaremos criticados sea por actuar o no actuar».
Una dirección más gerencial
Carrasco ha defendido a capa y espada el «compromiso, la dedicación y la responsabilidad» del personal y técnicos de la DGAIA. Asimismo ha recordado que el argumento de su cese es que la consellera quería una dirección «más gerencial» de la entidad. A pesar de ello, la exdirectora ha resaltado que realizó un «diagnóstico de la DGAIA» que concluyó con la convicción de que «sus procesos son largos y poco amables».
De hecho, razonó al departamento que «era necesario un cambio» por las diferencias que había en los «indicadores de resultados» con «diferenciaciones por territorios, por el volumen y la complejidad del trabajo». «Era necesario cambiar la estructura y ejecutar con rigor las políticas de infancia, de manera integrada con el resto de departamentos», ha insistido para poner como ejemplo el sistema de Barnahus.
El «difícil control de los pagos indebidos«
Por su parte, Mayoral ha puesto el foco en los protocolos y el sistema complejo de funcionamiento. De hecho, ha afirmado que la situación del sistema es «grave», a pesar del esfuerzo de los trabajadores de la DGAIA. En este sentido, Mayoral ha defendido la propuesta de «evolución» para que los jueces decidan sobre el desamparo. También ha reprochado la sobreocupación de los recursos como los pisos tutelados. «La sensación de estar desbordado por volumen y gravedad de las situaciones no la he vivido en ninguna otra administración ni departamento», ha remarcado.
Sobre los pagos indebidos de prestaciones, Mayoral ha argumentado que los copagos eran «difíciles de controlar» por la falta de personal y de recursos tecnológicos. «La misma regulación de la ley de prestaciones conllevaba generar pagos indebidos de forma continuada», ha justificado recordando incluso, problemas de calendarios administrativos.
