La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) está de nuevo en el ojo del huracán por el caso de la niña de 12 años que, cuando estaba bajo la tutela de la Generalitat, fue violada repetidamente por un electricista de 45 años. El acusado también la ofrecía a otros hombres a través de una aplicación de citas para que la violaran conjuntamente mientras él los grababa. Según el escrito de la fiscalía, que pide 107 años de prisión para el principal sospechoso, conoció a la niña en el año 2020. La menor había sido víctima de acoso escolar y vivía en un centro de menores tutelados de la DGAIA en l’Hospitalet de Llobregat porque su madre no podía hacerse cargo. Según ha revelado RAC1, la Generalitat tardó dos años en detectar que algo no iba bien y fue entonces cuando descubrió que la menor había sufrido abusos.
La portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, aseguró que el ejecutivo está “consternado” por los “hechos execrables” que han salido a la luz, pero evitó hacer cualquier otra valoración sobre la actuación del Departamento de Derechos Sociales y de la DGAIA porque la investigación está en marcha y “hay menores implicados”. Paneque se limitó a asegurar que la Generalitat ha puesto “a disposición todas las garantías y recursos para evitar” que otro caso similar pueda repetirse. La nueva polémica con la actuación de la DGAIA llega en pleno escándalo por la investigación de la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude por presuntas irregularidades contables, financieras y contractuales del organismo, tal como ha explicado El Món en las últimas semanas. La investigación ha destapado cuatro tipos de irregularidades: la adjudicación reiterada de contrato por vía de emergencia; “plazas fantasma” en los planes de trabajo dedicados a los jóvenes tutelados; el sistema de copago de los pisos tutelados; y la otorgación de prestaciones que reciben los jóvenes. Detrás hay una trama de empresas que se han beneficiado de los contratos y las adjudicaciones.
Un educador del centro ha explicado que fueron los mismos trabajadores quienes lograron sacar a la niña del infierno que vivía. Empezaron a sospechar después de que la menor se escapara del centro varias veces sin justificar la salida y por el uso que hacía de su móvil. Según justifica Derechos Sociales, los menores que viven en centros tutelados, pero no han llegado por decisión judicial, tienen libertad de movimientos. También pueden usar el móvil, que fue el medio utilizado por el electricista para contactar con la niña.
Un relato estremecedor de los abusos
En su escrito de acusación, la fiscalía explica que, una vez consiguió ganarse su confianza, el hombre le pidió que “se hiciera fotografías y vídeos en ropa interior, desnuda o masturbándose”. Entre mayo de 2020 y octubre de 2021 recopiló hasta 44 fotografías sexuales de la niña. Meses después, el agresor le propuso que se encontraran en el centro comercial Finestrelles, en Esplugues de Llobregat. La recogió y se la llevó a casa, donde terminaron teniendo relaciones sexuales a pesar de la negativa inicial de la niña. “El acusado aprovechaba los días y noches que la niña se fugaba del centro de menores para proporcionarle un lugar de refugio físico y, aprovechando la circunstancia, ponía películas pornográficas a la menor para que se desinhibiera y le imponía mantener relaciones sexuales vaginales y anales”, dice el fiscal.
El hombre aprovechaba las estancias de la niña en su casa para hacerle fotos o grabarla, a menudo sin que ella lo supiera, y luego intercambiaba las imágenes con otros pedófilos. Pero no le bastaba y más tarde empezó a prostituirla por internet. Le creó un perfil falso en la aplicación de citas Lovoo y otro en Instagram donde publicaba fotos de la niña en ropa interior. Desde allí ofrecía a los usuarios mantener relaciones sexuales grupales y a los que mostraban interés contactaba con ellos a través de otro perfil, este a su nombre, para concretar los detalles. Se han documentado al menos siete encuentros y una veintena de grabaciones y se han podido identificar cinco de los participantes. En junio de 2022 los investigadores detuvieron al electricista y durante el registro de su casa encontraron miles de imágenes de agresiones sexuales a menores, incluidas de la niña.
