La Audiencia de Lleida vivirá el próximo 18 de enero uno de los juicios más esperados por la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra. Será la vista oral contra los cuatro detenidos en un operativo de septiembre de 2020 en la Pobla de Cérvoles (Las Garrigues) y a Campello (L’Alacantí) acusados de enaltecer el supremacismo blanco. Una detención que sirvió tanto a los analistas de los Mossos como de la Guardia Civil para advertir del riesgo terrorista que supone la ultraderecha.
El ministerio público, según su escrito de calificación al que ha tenido acceso El Món, los acusados habrían cometido los delitos de odio, contra la salud pública y de tenencia ilícita de armas. Unos delitos por los cuales pide penas que oscilen desde los diez años y ocho meses de prisión a 2 años y 4 meses y multas de 120.000 euros. De hecho, este caso se ha considerado la primera investigación policial en el Estado vinculada al supremacismo blanco. Según los informes policiales recogidos en los tres tomos de la instrucción, los detenidos se inspiraban con la matanza de 51 personas en Christchurch (Nueva Zelanda). Así mismo, utilizaban webs y diferentes canales de mensajería instantánea para difundir mensajes de contenido racista con el objetivo de crear “comunidades blancas”, dotarse de armas y prepararse para la “guerra racial”.
«Necesidad de exterminio»
Según relata el fiscal, dos de los acusados (W.R. y C.A), de nacionalidad española y sin antecedentes penales, se empezaron a maquinar en 2018 para «generar y difundir material y comentarios a internet —tanto redes como foros—. Fueron contenidos, siempre siguiendo el escrito de la fiscalía, que «denigraban personas que consideraban inferiores por no ser de raza blanca, no ser heterosexuales, tener algún tipo de discapacidad, profesar determinadas religiones o provenir de zonas diferentes de la europea».
Así, el ministerio público resalta las expresiones que empleaban que menoscababan gravemente la dignidad de varios colectivos. En esta línea, la acusación enfatiza la «defiende» que hacían los procesados de «la necesidad de exterminar algunas personas de estos colectivos». De hecho, considera que crecía «la aversión y la rabia de su discurso que comportaba una dinámica de escalada en la gravedad de las manifestaciones de fobia respecto de aquellas personas consideradas inferiores». También difundían panegíricos del nazismo y Adolf Hitler y manuales de fabricación de armas de fuego y explosivos.
Una plantación de cannabis, el campo base de operaciones
La policía detectó este tipo de mensajes y un inquietante documento en 2019, y siguió el rastro, y con la cobertura del Juzgado de Instrucción número 4 de Lleida, intervino las comunicaciones y permitió una operativa policial de seguimiento. Siguiendo el hilo detectaron dos personas más en la conspiración, J.E y M.J. Los cuatro convinieron a crear un «pequeño núcleo residencial en un ámbito rural con vocación de ampliarse y desarrollar en él mismo un sistema de cultivo de cannabis para su venta». Un centro operativo para preparar y acometer sus planes.
Pero el 12 de septiembre, el plan fue truncado por la acción policial con la entrada y registro de la finca que habían situado en la Pobla de Cérvoles y a Alicante. Los registros policiales confirmaron las sospechas y, además de material supremacista, encontraron ciento cincuenta plantas de marihuana, varias sustancias tóxicas, un revólver, unos cartuchos de 9 mm, escopetas y varias espadas, cuchillos, navajas o punzones catalogados como armas reglamentadas.
Así, fiscalía pide para el acusado W.R, una pena de tres años y seis meses de prisión, una multa de 6.570 euros e inhabilitación de 8 años por oficio «educativo» por un delito de odio y 2 años y cuatro meses por un delito contra la salud pública por sustancias que no causan graves daños a la salud pública así como 120.000 euros de multa. Para el procesado C.A, pide la misma condena que por su compañero y añade cuatro años y 10 meses más de prisión por tenencia ilícita de armas. Para el acusado J.E, pide 2 años y 4 meses de prisión por tráfico de drogas y 120.000 euros de multa y cinco años y ocho meses por tenencia de armas ilícita. En último término, el fiscal solicita una pena de 2 años y 4 meses y 120.000 euros de multa por un delito contra la salud pública para el procesado M.J.
