Dos ex altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso han sido imputados y citados a declarar por las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de la Covid-19. Se trata de Carlos Mur, director general de Coordinación Sociosanitaria y responsable de los protocolos sanitarios que impedían que los ancianos que vivían en las residencias fueran derivados a un hospital, y de su sucesor, Francisco Javier Martínez Peromingo, quien asumió el cargo en mayo de 2020. El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid los ha citado a declarar el próximo lunes 26 de mayo tras haber reabierto la causa a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid.
Es la primera vez que la justicia imputa a altos cargos del gobierno Ayuso por la nefasta gestión de las residencias, que terminó con miles de muertes. En octubre, un centenar de familias de residentes fallecidos durante las primeras semanas de la pandemia interpusieron una nueva denuncia. Hasta ahora, la justicia había admitido que los protocolos generaban confusión y eran criticables, pero no veía suficientes indicios para exigir responsabilidades penales. De hecho, Mur había sido citado a declarar anteriormente, pero como testigo, en varias causas abiertas en la Comunidad de Madrid que acabaron archivadas.
¿Qué papel jugó Ayuso?
Tanto Mur como Martínez están acusados de un delito de denegación de atención sanitaria por razón de edad, que el Código Penal castiga con hasta dos años de prisión en los casos más graves. Las familias confían en que los dos imputados expliquen qué papel jugaron el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y la presidenta madrileña en la toma de decisiones y hasta qué punto eran conocedores del contenido y las implicaciones de los llamados protocolos de la vergüenza.
El exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid ha defendido que la aplicación de los protocolos era responsabilidad de los sanitarios y los coordinadores hospitalarios, siempre bajo criterio médico. También ha asegurado que los protocolos se aprobaron para que los trabajadores de las residencias, que en ese momento eran el principal foco de infección de la Covid-19, tuvieran una guía clara para actuar.
Los protocolos de la vergüenza de Madrid
Los protocolos de la Comunidad de Madrid son de los más duros que se aprobaron en el estado español durante la pandemia. Los protocolos de la vergüenza son una serie de órdenes internas que impedían que las residencias pudieran derivar a los hospitales a las personas mayores que tuvieran problemas de movilidad o que sufrieran algún tipo de deterioro cognitivo. Hasta 7.291 personas mayores murieron desatendidas en la Comunidad de Madrid durante la primera ola. Las familias consideran que la situación actual no es mucho mejor y que “hoy se volverían a firmar”. En los últimos años, las residencias públicas denuncian escasez de personal y de recursos y la constante privatización de servicios.
Las familias, en un comunicado, critican que hasta ahora las investigaciones judiciales solo han puesto el foco en los directores de las residencias o en el personal sanitario, «pero nunca en quienes elaboraron, dictaron y aplicaron los protocolos o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias y no atender a los residentes enfermos con discapacidad en el hospital de campaña creado en Ifema o en los hospitales privados que estaban bajo el mando único de la Consejería de Sanidad».
