Parece que los experimentos, en las prisiones, chirrían. Si ya se suspendieron las pruebas con inteligencia artificial, o los nuevos habitáculos de contención empeoraban las cosas, ahora es el turno de las cámaras unipersonales que se debían instalar a los funcionarios. Según admite el consejero de Justicia, Ramon Espadaler, las pruebas que se han realizado en prisiones catalanas, si bien han aportado seguridad al personal, técnicamente han presentado dificultades y no se han llegado a «testar» en situaciones comprometidas. Así lo acredita una respuesta parlamentaria, a la cual ha tenido acceso El Món, que se configura como un informe de resultados sobre la prueba piloto de cámaras portátiles (CPU), que establecía el protocolo de actuación orden de servicio 1/2023 que se llevó a cabo en Lledoners y Quatre Camins. Un informe en el cual participaron funcionarios del departamento y de las empresas que habían aportado las cámaras, pero no participó ninguna organización externa o autoridad independiente.
En todo caso, Espadaler sentencia que «de momento, no está prevista la implementación de esta tecnología». Una demora argumentada en la falta de disponibilidad presupuestaria y la dificultad para «hacer compatible el respeto a los derechos constitucionales con las medidas de seguridad necesarias en los centros y equipamientos mencionados». Además, el informe de Espadaler certifica que en las visualizaciones que «se han podido realizar no se ha podido constatar de manera significativa ni un efecto disuasorio ni uno disruptivo». De hecho, reconoce que la prueba piloto se ha quedado corta. El departamento de Justicia, sin embargo, mantiene el silencio ante las preguntas de El Món sobre los detalles de los resultados de las pruebas y si está previsto ampliar estas pruebas pilotos con nuevos anclajes y en situaciones de riesgo para los funcionarios de prisiones.
Dos prisiones, dos pruebas, dos opiniones
Según detalla la consejería, la Comisión de Evaluación del Centro Directivo recogió «la valoración de los diferentes objetivos definidos para el desarrollo de la prueba, así como las aportaciones de los equipos directivos de los centros penitenciarios participantes». En el documento, -que la consejería ya se preocupa de ocultar con la excusa de que es un «documento de trabajo» y, por lo tanto, «no está prevista su publicación»-, también se añaden las «observaciones recogidas» durante las reuniones semanales de seguimiento, en las que participaron mandos intermedios, funcionarios de servicio interior, coordinadores de seguridad del Área de Régimen Interior Penitenciario (ARIP) y el Área de Información y Seguridad (AIS), junto con las valoraciones de los diferentes operadores intervinientes, como funcionarios de las Unidades de Seguridad Interior (USI), Centro de Control Interior (CCI) y técnicos de las empresas de seguridad proveedoras del material. Ahora bien, no se incorporó la opinión ni la valoración de ninguna entidad independiente.
De entrada, la comisión para la prueba piloto de las cámaras unipersonales valoró «muy positivamente el desarrollo de la prueba». Concluye que hay una «mejora en la seguridad interior de los centros penitenciarios, así como el aumento de las garantías en materia de seguridad jurídica». Es decir, para contrastar versiones entre funcionarios e internos o bien entre internos mismos. Pero en la otra cara de la moneda cabe destacar que los funcionarios encontraron «dificultades en el anclaje y el soporte de las cámaras de unos de los proveedores». También «manifestaron la necesidad de adaptarlos al personal femenino» y evaluaron como «insuficiente la autonomía y carga de las baterías». Una baja autonomía de la cual la consejería responsabiliza a la «falta de experiencia de los funcionarios participantes en la gestión de los equipos» y que los «equipos estaban en grabación continuada». Problemas que se pretendió resolver con otros anclajes para «cada género y complexión» y «acotar los parámetros para comprobar cobertura para cada turno de trabajo», sin detallar cómo.
De momento, va para largo
A la vista de la prueba piloto, el mismo Espadaler reconoce que no será una prioridad de su departamento impulsar la puesta en marcha de las cámaras unipersonales. «No hay aún un calendario definido para la extensión de esta tecnología al resto de centros penitenciarios», remarca el consejero. «La prueba ha tenido una valoración positiva; sin embargo, dada la necesidad de atender las disponibilidades presupuestarias y otras prioridades del sistema, de momento, no está prevista la implementación de esta tecnología», concluye.
Además, el consejero ve riesgo legal en su incorporación a los centros penitenciarios catalanes y problemas de compatibilidad con los protocolos de videovigilancia del Departamento de Justicia, y más teniendo presente que las cámaras unipersonales en las prisiones estaban pensadas para «casos de activación de códigos de seguridad o de aplicación de medios coercitivos» según el Proyecto de Instrucción sobre la implementación de un programa piloto de uso de cámaras portátiles unipersonales en los centros penitenciarios. Pero la consejería certifica que en las pruebas «no se ha podido constatar de manera significativa ni un efecto disuasorio ni uno disruptivo –en tanto que no se ha podido testar este sistema en situaciones que permitan una desescalada conductual».
Derechos y seguridad
De hecho, la prueba no podía dar más resultados dado que «solo los mandos intermedios han estado equipados con estos dispositivos, y estos profesionales intervienen una vez el conflicto ya se ha producido, por lo tanto, no es posible generar un efecto disuasorio». En este sentido, los funcionarios que han participado indican que el efecto disuasorio sería la clave de todo el sistema. «Este efecto disuasorio podría aumentar significativamente, a corto o medio plazo, si los internos perciben que el sistema permite identificar de manera indudable a todas las personas intervinientes en un incidente», argumentan. «Tanto los protagonistas como aquellos que actúan en un segundo plano se volverían conscientes de que todas sus acciones quedan grabadas, identificadas, probadas y susceptibles de ser sancionadas», remarcan.
Una situación que hay que encuadrar con «el respeto a los derechos constitucionales con las medidas de seguridad necesarias en los centros y equipamientos mencionados». Es decir, los derechos de los internos a su imagen o intimidad. En todo caso, Espadaler recuerda que el 22 de marzo de 2024, se formalizó un acuerdo entre el departamento y las organizaciones sindicales ACAIP, CCOO, Intersindical, CSIF y UGT, que «establece como eje de trabajo principal la organización de los centros y la mejora de los sistemas y medidas de seguridad». «Entre las acciones concretas previstas, se incluye la incorporación de nuevas tecnologías al servicio de la seguridad, como las cámaras portátiles unipersonales», subraya el consejero. Un compromiso que por ahora guardará en un cajón.
