La comisión de Derechos Sociales del Parlamento sobre la gestión de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) ha vivido cuatro comparecencias que han defendido a capa y espada el trabajo de los técnicos a pesar de la falta de recursos económicos y humanos y la avalancha ingente de casos que padecen. Tanto es así, que ante las preguntas de los portavoces parlamentarios sobre el informe de la Sindicatura de Cuentas donde se detectaron irregularidades en las contrataciones de los servicios, han criticado la ofensiva que padecen sin tener presente el contexto ni la situación con la cual han tenido que gestionar sus tareas.
Uno de los más claros en expresarse ha sido Jordi Pascual, director general de Plataforma Educativa y de la Fundación Resilis, dos entidades bajo la lupa a raíz de los informes de la Sindicatura de Cuentas y de la investigación que está llevando a cabo la Oficina Antifraude de Cataluña así como la Sindicatura de Agravios. En todo caso, Pascual ha asegurado que sufren un «acoso de manual». Un asedio que ve motivado por razones que «salen del ámbito de su responsabilidad». Así ha resaltado que la Sindicatura de Cuentas, por ejemplo, destina el 25% de su informe a analizar el 2,8% de los contratos que tenía la DGAIA correspondiente a los extutelados.
De hecho, Pascual ha quitado hierro a las investigaciones porque «si han de servir para mejorar el sistema» han de ser bienvenidas. Asimismo, ha alertado que esta situación hace que «todos callan» porque mucha gente del sector ha cogido «miedo». En todo caso, ha subrayado que el tercer sector trabaja de manera «excelente, pero de forma precaria» en cuanto a los recursos. En la misma línea se ha expresado Pepa Arqué, directora general de la Fundación Mercè Fontanilles, también bajo fiscalización por presuntas irregularidades.
La OAC no descarta ningún escenario
Las comparecencias han llegado una semana después de que el director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Miguel Ángel Gimeno, no cerrara la puerta a que los hechos que investiga la oficina sobre la DGAIA «podrían tener en algún momento relevancia penal». En declaraciones a Ràdio 4 y La2, remarcó que están investigando precisamente eso y que no saben aún si es así. «Dejo la puerta abierta (…) El campo está abonado para estas cosas», declaró. En todo caso, admitió que si se concluye que puede haber delito lo llevarán a la fiscalía y se pondrán a su disposición.
