La Generalitat ha admitido que la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) necesita una «transformación profunda» urgentemente: «Es evidente que la DGAIA necesita una transformación profunda y esto ha sido evidente durante muchos años», ha exclamado esta mañana la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, en declaraciones en Balaguer, donde se ha referido a las últimas informaciones que apuntan que una menor de 12 años tutelada fue víctima de abusos sexuales. Además, la titular de la cartera también ha anunciado que el ejecutivo de Salvador Illa tiene la intención de personarse como acusación particular en el caso de la menor tutelada víctima de una trama de prostitución y pederastia: «Queremos llegar hasta el final», ha exclamado la consejera.
La consejera de Derechos Sociales ha querido expresar su «rotundo rechazo» a los hechos «espeluznantes e inaceptables» que han salido a la luz en los últimos días a raíz del escrito de fiscalía que pide más de 100 años de prisión para el cabecilla de la trama: «Debemos revisar todos los protocolos para asegurarnos de que hechos como estos no vuelvan a ocurrir nunca más», ha aseverado la titular de la cartera. Las acusaciones que han aparecido en los últimos días sobre la quincena de personas que había abusado en reiteradas ocasiones de una menor tutelada de 12 años y que habría forzado a la víctima a prostituirse, sin embargo, no son los únicos escándalos que han salpicado a la DGAIA. En relación con los problemas de contratación que han aparecido, también, la consejera ha explicado que pronto se hará público un plan de transformación. En este sentido, sin embargo, Martínez Bravo ha asegurado que el gobierno de Salvador Illa ha sido el primero en actuar al respecto.
La consejera quiere comparecer en el Parlamento
Esta misma mañana, el grupo parlamentario de Junts ha solicitado la creación de una comisión de investigación para esclarecer las turbiedades que rodean a la DGAIA y ha vuelto a exigir explicaciones por parte de la máxima responsable de la consejería. En este sentido, la misma consejera también ha solicitado su comparecencia en el Parlamento para dar las «explicaciones necesarias y explicar los ámbitos y acciones correctivas necesarias». Antes de comparecer ante la cámara catalana, sin embargo, la titular de la cartera ya ha querido dejar claro que este organismo necesita una «transformación profunda», aunque ha querido recordar que su consejería ha sido la primera en introducir cambios: «Lo haremos reforzando los sistemas de protección y prevención para que casos como este no vuelvan a ocurrir», ha añadido Martínez Bravo.
En estos momentos, la DGAIA se encuentra en el ojo del huracán de la Oficina Antifraude (OAC), que está investigando la mala gestión de algunas ayudas a jóvenes extutelados. En este sentido, la consejera asegura que la investigación de la OAC será uno de los puntos clave del plan de transformación del organismo anunciado por el Gobierno. Además, hace un año, la Sindicatura de Cuentas ya alertó de contratos prorrogados de forma irregular y hace unos meses Antifraude recibió la denuncia de un trabajador de la DGAIA asegurando que algunos jóvenes extutelados seguían cobrando ayudas a pesar de vivir y trabajar fuera de Cataluña. Este cóctel de irregularidades y escándalos, pues, han llevado al ejecutivo catalán a admitir la necesidad de transformar esta institución pública.
