«Situaciones de conflicto puntuales». Esta es la síntesis que hace la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, de los riesgos de seguridad que continuamente se denuncian en los centros de acogida de menores no acompañados que gestiona la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), reformulada ahora como DGPPIA. Así lo afirma en una larga respuesta parlamentaria, firmada el pasado 18 de junio y a la que ha tenido acceso El Món, sobre las medidas previstas para mejorar la seguridad de estos centros, para la protección y la formación del personal que allí trabaja y sobre el control para que los residentes no sean víctimas de redes de pederastia por errores de vigilancia en las fugas, como en el caso que forma parte de los hechos denunciados en una querella presentada esta semana.
La consejera Martínez Bravo, sin embargo, aprovecha la respuesta para «insistir en la necesidad de no transmitir una visión sesgada y estigmatizadora de los niños y adolescentes tutelados, presentándolos como potenciales agresores o personas peligrosas, sin mirada socioeducativa ni reparadora». Por eso defiende que la estrategia del departamento debe rechazar una visión centrada solo en la «seguridad» y en su lugar apostar por la acción pedagógica de este tipo de centros de acogida.
En todo caso, Martínez Bravo informa que para afrontar estos «conflictos» se aplica un sistema de protección para el personal de los centros de menores y pisos tutelados gestionados o subcontratados por la DGAIA. Así, en cuanto a la seguridad, la consejera asegura que se «cuida al personal trabajador y de su salud emocional». De todas formas, avanza que el departamento actualmente está «formulando un plan de acción específico para la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, tanto para determinar si las herramientas de las que disponen son suficientes, como para evolucionar a centros de convivencia más pequeños para atender a los menores de manera más personalizada». «Dos hechos que deberían tener una repercusión positiva en la percepción y en las condiciones de seguridad de los centros», argumenta.
Sobre todo, rechazar la «narrativa» equivocada
En su respuesta, que contesta diversas preguntas de varias formaciones, Martínez Bravo resalta que en cuanto a la seguridad «si bien es cierto que, en algunos casos, se pueden dar situaciones de conflicto puntuales en algunos centros, estas situaciones no definen la globalidad del sistema ni del colectivo de chicos y chicas«. «Por eso, rechazamos cualquier narrativa que refuerce la idea de que la protección de los niños tutelados requiera un abordaje basado en la seguridad o la peligrosidad, especialmente cuando esta narrativa se traduce en medidas que pueden contradecir los principios pedagógicos, comunitarios y de respeto a los derechos de los niños y niñas», aduce.
En todo caso, la consejera reclama que conviene diferenciar claramente los centros de justicia juvenil –que tienen una naturaleza, funciones y regulación propia bajo la competencia del Departamento de Justicia– de los centros residenciales que gestiona la DGPPIA, «recordando que, en cualquier caso, los chicos y chicas atendidos en ambos circuitos son titulares de derechos y deben ser tratados con dignidad, respeto y garantías». De aquí que puntualice que la contratación de personal de seguridad se limita a los Centros Residenciales de Educación Intensiva (CREI) y los Dispositivos de Atención Inmediata (DAI).
Cómo funciona la seguridad en los centros de acogida de menores
Según describe la respuesta parlamentaria, el servicio de vigilancia y seguridad «debe garantizar el control de las situaciones de riesgo que puedan afectar al inmueble, la integridad física de las personas o los objetos que haya dentro del centro». Todo durante 24 horas del día. Un objetivo que debe cumplirse con diversos elementos como un «factor disuasorio para anticiparse a los posibles conflictos», «informar al centro de situaciones de riesgo», «intervenir sobre los posibles generadores de situaciones de riesgo a personas y bienes, neutralizarlos y limitar el acceso improcedente de personas al centro», o impedir la introducción de objetos no permitidos en el centro y evitar las evasiones«. Además, debe llevar un registro de entrada y salida del centro.
De hecho, la intervención del personal de seguridad en estos casos «debe limitarse a las situaciones en que el guardián o guardiana esté imposibilitado para restablecer la normalidad o reconducir la situación o el conflicto, o que se pueda prever fácilmente que esta situación pueda producirse». La consejera también advierte que el personal de seguridad, debe tener «una formación previa sobre la tipología de adolescentes y, especialmente, sobre el modelo de trabajo socioeducativo y terapéutico que se desarrolla en esta tipología de centros». De hecho, se especializan en «las situaciones de contención».
Una medida que busca garantizar que «su intervención se enmarque ante cualquier situación que requiera su presencia o participación, especialmente en las situaciones de contención». Por eso, el protocolo prevé que pueda compartir los mismos espacios de convivencia que los adolescentes y que debe hacer un período de integración con «el acompañamiento de un profesional y de la persona responsable de la dirección del centro». Es decir, hay una serie de condicionantes para poder ser responsable de la seguridad de este tipo de centro.
Cuidar al personal y mejorar el sistema
Uno de los aspectos principales del documento aportado a la cámara catalana es el sistema de protección que se ofrece al personal de seguridad trabajador en los centros de menores y pisos tutelados gestionados o subcontratados por la DGAIA. «Cuidamos al personal trabajador y de su salud emocional en el caso de que tenga lugar un conflicto puntual», asevera. De hecho, hace constar que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales dispone de un Programa de Ayuda Emocional para el personal del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión desde el año 2016, cuando se inició específicamente para dar apoyo al personal educativo de la DGAIA.
Atendiendo a la explicación de la consejera, este programa tiene como objetivo «preservar el bienestar y la salud emocional del personal ante cualquier problemática surgida a consecuencia del entorno laboral». Un programa dirigido por psicólogos especialistas externos al departamento, anónimo, confidencial y totalmente gratuito. Se llama T-27 Programa de Soporte a los centros residenciales de acción educativa (CRAE) y Centros Residenciales de Educación Intensiva (CREI). Un sistema para proteger educadores y el personal de seguridad. Sea como sea, sin embargo, Martínez Bravo reconoce que se están estudiando cambios para elaborar un «plan de acción específico» que ayude a mejorar «la percepción y las condiciones de seguridad de los centros».
