Una crisis tras otra han generado una espiral que ha convertido al Departamento de Educación en la principal trituradora de cargos de la Generalitat. El cese repentino de la secretaria general, Teresa Sambola, prolonga una inestabilidad que la consejera Esther Niubó heredó del mandato anterior. La última etapa de ERC en el Gobierno solo duró tres años, pero tuvo dos consejeros del ramo; también bajo mandato republicano se cesó al presidente del Consejo Superior de Evaluación por los malos resultados de PISA. La tendencia ha continuado con el cambio de gestores y, en solo dos años en el cargo, Niubó ha relevado a dos altos cargos y un director técnico para esquivar diversas polémicas.
Todo ello, agravado por un acuerdo fallido con los sindicatos –que se aplicará igualmente a pesar de que más del 65% de la plantilla lo rechazó en una consulta–, se suma a otras crisis internas, como el caos en las asignaciones de personal del verano pasado –dejó a miles de docentes fijos sin trabajo– o el error en las pruebas PISA. Un conjunto de polémicas que, según el politólogo Marc Guinjoan, han permitido a Educación arrebatar al Departamento de Interior el dudoso honor de ser el gran protagonista de los mandatos por los conflictos que se generan. “En la época del tripartito, sobre todo, pero también con Miquel Buch o Felip Puig, Interior concentraba todas las miradas. La complejidad educativa y los errores cometidos han hecho que eso cambie ahora”, apunta a El Món el doctor en Ciencias Políticas.
Teresa Sambola, el último cargo en abandonar la sede central de Via Augusta, no sabía nada de las pruebas PISA, pero ha pagado los platos rotos de una gestión deficiente que ha obligado a Niubó a comparecer en el Parlamento dos veces para justificarse. La misma consejera, que ha situado PISA como el “detonante” para “hacer cambios y fortalecer” el departamento, ha admitido en sede parlamentaria que todas estas situaciones no son habituales.
Más allá de Sambola, también han cambiado dos miembros destacados del sottogoverno socialista. La consejera cesó a Enric Trens por el revuelo con las asignaciones de docentes del verano pasado. El departamento tuvo que rehacer 57,000 adjudicaciones, lo que puso la gestión del ejecutivo en el punto de mira. Xavier Chavarria, exinspector educativo y actual docente de la UOC, no entendió el cambio. “Es un caso simple: hay un decreto de plantillas que no gusta a los sindicatos y la consejería aceptó cambiar las reglas del juego sin cambiar el decreto. El subdirector hizo lo que decía el decreto”, apunta preguntado por El Món.
Un cambio menos mediático ha sido en la dirección general de escuelas privadas y concertadas, forzado por la dimisión de Xavier Güell; se fue por motivos “personales”, apuntó el departamento, si bien tanto patronales como sindicatos nunca han ocultado el descontento que había con él. Fuentes sindicales han detallado a este diario que el directivo les había cancelado alguna de las últimas reuniones y la agencia EFE publicó el pasado febrero que el departamento podría haberlo apartado de las conversaciones con la patronal. Meses más tarde, saltó a Sant Jaume para ser asesor del presidente Salvador Illa.
Todo ello se suma a otros cambios que ya se habían producido con ERC y que tienen, en todos los casos, una lectura tanto técnica como política. “No debemos perder de vista que los docentes son uno de los colectivos con más capacidad de incidencia en el día a día de las familias y, por lo tanto, con más capacidad de chantaje”, comenta Marc Guinjoan. El analista político compara los efectos de las revueltas de docentes con las quejas de los agricultores, que “también suelen salir a cortar carreteras, pero no generan el mismo impacto”. Un ejemplo de esta incomodidad apareció en una de las reuniones del último ciclo negociador, cuando el ejecutivo admitió públicamente que había expresado a los sindicatos su “incomodidad” de negociar con el país “paralizado”.
La presión de la comunidad educativa pone contra las cuerdas a Niubó, de la misma manera que también puso en el punto de mira a los anteriores dos consejeros. Los sindicatos han pedido su dimisión –especialmente tras la infiltración policial, junto con la de la titular de Interior Núria Parlon– y la oposición el cese –tras el fiasco de PISA–, pero Illa la ha ratificado. “La consejera podría haber dimitido, pero no hay nadie que presione para eso. Si la crisis hubiera estallado en un gobierno de coalición quizás estaríamos en un escenario diferente”, menciona Guinjoan, que ve en la apertura de tres expedientes disciplinarios estrategia política. “No sabemos ni a quién ni hasta dónde llegarán”, comenta al respecto el politólogo.
Las malas decisiones han crispado a los profesionales
Con un punto de vista más técnico, Chavarria ve una perversión del orden entre los diferentes perfiles del departamento. “Hay técnicos que juegan a hacer de políticos y políticos que juegan a hacer de técnicos”, remarca el exinspector, que pone de ejemplo la sexta hora. “La aplicas porque crees que dará resultados, pero luego llega otro y la quita por la presión de las familias. No ha habido ningún alumno que haya hecho toda la primaria con la sexta hora, por tanto, no podemos evaluar si da o no los resultados que esperábamos”, lamenta. “Es una cuestión técnica que ha cambiado por estrategia política”, insiste.
El experto educativo sitúa otros ejemplos, algunos incluso más antiguos: “Cuando el departamento estaba en manos de Irene Rigau (CiU) se impulsaron unas nuevas auditorías pedagógicas, pero inspección no sabía qué debía hacer”. La crisis torpe de PISA o los cambios evaluativos son los terremotos más actuales. “Las pruebas externas han pasado a ser censales –no las hace todo el alumnado, sino una muestra– pero ya ha salido la patronal religiosa a decir que quiere que vuelvan a ser universales porque así saben sus resultados. Me parecen bien las dos, pero decidamos con criterios técnicos, por qué una u otra, y no vayamos haciendo cambios”, concluye Chavarria.
Todo suma en una gestión que los docentes ven deficiente. “¿Cómo reaccionarías tú si, como docente al que no paran de añadir tareas, ves que allá arriba no saben ni desplegar correctamente un protocolo para las pruebas PISA”, apunta la educadora social e investigadora de la UOC Sandra Monfort. Esta carga laboral, apunta, ha incrementado el malestar y ha agotado los umbrales de paciencia. “Hace años que todo aquello que no somos capaces de hacer como sociedad se lo estamos encargando a la escuela y los maestros están desbordados con tantos encargos”, continúa. Para la investigadora, el departamento “ha desdibujado” la función de la escuela –enseñar– y ha sido incapaz de adaptarse a una nueva época con más complejidad social. “Un maestro no es psicólogo ni pedagogo ni educador sexual ni climatólogo, es maestro, por tanto, si quieres que la escuela se ocupe de muchos más temas debes dotarla de recursos”, concluye.
“Algunas declaraciones tampoco han contribuido a rebajar el clima”, añade en segunda instancia Monfort. Como ejemplo, la última rueda de prensa en la que la consejera Niubó pidió desconvocar la huelga –que se mantiene para el primer día de clase, el próximo martes– como un “paréntesis” para rebajar la tensión en la comunidad educativa. “Nos jugamos la confianza de las familias”, avisó al justificar la petición. “En lugar de reforzar al profesorado, los gobiernos los han puesto contra las cuerdas y se ha roto la confianza: las familias ya no creen en los docentes y los docentes no creen en la administración”, añade Chavarria. “Ya puede venir Niubó con una varita mágica y dar todo lo que piden los sindicatos que no servirá de nada. Sin confianza no hay prestigio”, concluye. Todo ello, con un sector movilizado y con capacidad de cambiar, con una huelga, la agenda de la mayoría de los ciudadanos.
