La escuela pública continúa manteniendo el pulso con la consejería de Educación, encabezada por Esther Niubó, para intentar frenar el cierre de líneas de cara al próximo curso. Este sábado, coincidiendo con la Fiesta de la Pública -que se ha celebrado en la Estación del Parque del Norte de Barcelona-, el presidente de la aFFaC, Jordi de Carreras, ha detallado que el martes de la próxima semana se reunirán con la titular de la cartera para intentar encontrar una solución «urgente» que frene el cierre de grupos previsto por la administración catalana para el mes de septiembre: «Les exigiremos que cambien la tendencia de contraprogramar la red pública«, asevera. Para el presidente de la entidad, una de las impulsoras de la plataforma ‘La Pública, La Escuela de Todos’ -una agrupación inédita que engloba representantes de toda la comunidad educativa-, esta situación «no puede retrasarse más», ya que asegura que cerrar líneas tendrá graves impactos para el sistema educativo.

Tal y como ya avisaron en la primera rueda de prensa de la plataforma, las entidades contabilizan que se cerrarían un total de 111 líneas en la pública el próximo año si la propuesta del ejecutivo de Salvador Illa sigue adelante. En detalle, apuntan que se cerrarán 48 aulas en infantil de 3 y 68 en primero de ESO. Unos cierres, sin embargo, que desde la plataforma quieren evitar: «Queremos que no se cierre ninguna aula y que el Gobierno cambie la tendencia de contraprogramar la red pública», insiste el presidente de la entidad de familias, que mantiene que las reclamaciones que la plataforma ha puesto sobre la mesa son muy «claras» y concisas.

Una madre y sus hijos paseando por la Fiesta de la Pública / Maria Pratdesaba (ACN)

Un pulso contra la consejería

Tal y como han dejado claro este sábado con la lectura del manifiesto, desde la plataforma de la escuela pública están diametralmente en contra del planteamiento de Educación para el próximo curso -en términos de cierre de grupos. Desde la entidad insisten en que la consejería que encabeza Niubó justifica la reducción de plazas con la caída de la natalidad, pero que su decisión pone de manifiesto «un evidente desequilibrio» en la distribución de plazas en detrimento de la educación pública, a la vez que se pierde, según apuntan, «una oportunidad histórica» para fortalecer el sistema público. Es precisamente por este motivo que las entidades han hecho un llamado a las más de 50.000 familias que el próximo curso se incorporarán al sistema educativo catalán: «Les pedimos que confíen en la educación pública y en sus profesionales y matriculen a sus hijos e hijas en la pública». El próximo martes, entonces, representantes de los sindicatos de docentes y las asociaciones de la comunidad educativa se reunirán con la consejera para intentar llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

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