La Audiencia Nacional ha dado un plazo concreto a las diferentes operadoras por suspender el acceso a Telegram. Así lo ha dictado el juez Santiago Pedraz después de que este viernes ordenara el cierre de la aplicación de forma cautelar a raíz de una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por incumplimiento de los derechos de autor. Después de esto, el magistrado ha dado tres horas a las operadoras de telecomunicaciones para que suspendan el acceso a Telegram. Según la interlocutoria, el tiempo empezará a correr tres horas después «de la recepción de la comunicación judicial». A la vez, el titular del juzgado de instrucción número 5 de Madrid relata que las autoridades de las Islas Verges no han colaborado con la investigación que buscaba información para identificar qué titulares de las cuentas han cometido estas presuntas infracciones de derechos de la propiedad intelectual.
Según Pedraz, para continuar la instrucción es necesaria la información pedida a través de la comisión rogatoria en las Islas Verges, de la cual todavía no tienen noticias, aunque la petición se hizo el 28 de julio del 2023. A parecer del juzgado, el incumplimiento reiterado de la petición impide la continuación de la instrucción de la causa. De fe, el que se solicitó en esta comisión fue que Telegram informara sobre datos que permitirían identificar los titulares de las cuentas que alojan contenido protegido por derechos de autor sin permiso. Atendida la «falta de colaboración» de las autoridades de islas Verges, el juez ha decidido adoptar la suspensión cautelar de la aplicación, tal como pedían las acusaciones particulares.
Aun así, a estas alturas Telegram continúa funcionando, pero el más probable es que la aplicación se irá bloqueando progresivamente porque las compañías de telecomunicaciones están obligadas a asumir la orden de la Audiencia Nacional. De hecho, la interlocutoria exige la suspensión de la red de mensajería en Vodafone, Orange, Masmóvil, Digi Spain, Telefóninca, Avatel, Adamo Telecom Iberia, Aire Networks del Mediterráneo y Procono, que aglutinen prácticamente el 100% de las líneas en el estado. El plazo de investigación judicial de esta causa será de seis meses, es decir, hasta el 29 de septiembre.
