La formación ultraespanyolista Vox vuelve a hacer de fiscalía en la sombra. Es decir, como hacía el parasindicato Manos Limpias, ejercer de acusación particular o popular cuando el ministerio fiscal no comulga con ruedas de molino y hace el remolón en la hora de impulsar causas políticas. El portavoz jurídico de la formación, el abogado del Estado y eurodiputado Jorge Buixadé, ha anunciado esta mañana que ha presentado un escrito a la sala de lo penal del Tribunal Supremo para que la instructora del caso Tsunami Democrático, Susana Polo, vaya espabilando. Así, ha pedido que emita la orden europea de detención contra el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, así como una orden de extradición del secretario de la Mesa del Parlamento Ruben Wagensberg, que está en Suiza, por los delitos de terrorismo.
El posicionamiento de Vox, expresado en rueda de prensa este mediodía, responde al cálculo procesal que la fiscalía pondrá trabas a cualquier diligencia que quiera llevar a cabo la instructora del procedimiento. En este sentido, hay que recordar que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, la primera de la carrera fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, se opuso con firmeza a calificar los hechos de terrorismo después de una batalla interna a las más altas instancias del ministerio público. Por eso, Vox quiere espolear el proceso y apretar a la instructora para que avance en las diligencias. Según Buixadé, «no tiene ninguna lógica esperar la comparecencia voluntaria de los dos». En todo caso, justifica la citación porque «los datos de la acusación son ciertas, los hechos notorios y la burla y la resistencia a la autoridad judicial es evidente«.
Más medidas
La petición de Vox no será la única de las medidas en la lucha voraz contra el independentismo. Aprovechando la causa del Tsunami Democrático, y ya como eurodiputado, ha anunciado el envío de sendas cartas a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y la presidenta del Parlamento, Anna Erra, porque considera «inadmisible» que Puigdemont y Wagensberg continúen a sus escaños cuando están imputados por terrorismo.
Por otro lado, Vox también ha anunciado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para intentar parar, in extremis, la ley de amnistía. En la misma línea, ha ninguneado el informe de la Comisión de Venecia que avala la ley del olvido penal de los independentistas porque es un órgano que «hace una interpretación globalista del derecho».
