La batalla judicial contra el Proceso no para de dar sorpresas. La última, la petición de Vox, como acusación popular en el juicio contra el presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, y el director del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, por su supuesta relación con el Primero de Octubre. Un juicio por malversación y prevaricación. Los abogados de la formación ultraderechista han pedido al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús Maria Barrientos, y al magistrado Carlos Ramos, que «se abstengan» tal como pide la defensa de Jové y se retiren del juicio. Todo, para evitar, una posible «nulidad del procedimiento».
En un escrito presentado al TSJC el pasado 14 de julio, al cual ha tenido acceso El Món, Vox abona la petición de la defensa de Jové presentada el pasado 30 de junio, con que pedía que los dos magistrados se retiraran de la causa por «carencia de imparcialidad». Al dar traslado de la petición, Vox ha contestado con la convicción que Jové tiene razón y que ambos magistrados estarían contaminados por otros procesos que han judicializado y que han acabado con la nulidad del juicio, como por ejemplo, el caso de la Mesa del Parlamento que presidía Carme Forcadell. De hecho, el letrado de Vox, Juan Cremades, admite claramente en su escrito que defiende la abstención de los togados «con el exclusivo objeto de evitar eventuales nulidades del procedimiento». La sala de lo civil y Penalti del TSJC tendría que decidir sobre la abstención y si se acepta, configurar una nueva sala de enjuiciamiento, que todavía alargaría más la vista oral.
Jové ya presentó una recusación
La petición de Jové, que ha hecho admitir en Vox que Barrientos y Ramos no darían garantías de imparcialidad y de un juicio equitativo al juicio, llegó después de que hace, ya dos años, el TSJC desestimó la recusación. Ahora bien, en dos años los dos magistrados han estado protagonistas otros procedimientos con consecuencias jurídicas inquietantes, como es el reconocimiento de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, que Barrientos se tendría que haber apartado del juicio por desobediencia a los miembros independentistas de la mesa del Parlamento que presidía Forcadell.
En concreto, es la obligación ordenada por el Supremo de repetir el juicio a la actual consejera de Educación, Anna Simó, a los exvicepresidentes del Parlamento catalán Lluís Corominas y Lluís Guinó y la secretaria cuarta Ramona Barrufet. En aquel caso, el Tribunal Supremo declaró nula la sentencia del TSJC y ordenó la repetición del juicio. El argumento fue la constatación de «el efectivo conflicto de intereses de los magistrados cuestionados». En este sentido, hay que recordar que la defensa de Jové insistió en esta recusación con un posterior recurso al Tribunal Supremo.
El otro caso que espolea esta abstención fue el juicio también por desobediencia a los miembros independentistas de la Mesa de la cámara catalana que presidía Roger Torrent. Ambos magistrados fueron recusados por los acusados y, finalmente, fueron apartados por sus compañeros de togas después de un accidentado incidente de recusación. Los dos magistrados también se abstuvieron en el juicio por desobediencia contra la consejera de Exteriores, Meritxell Serret, por la causa abierta al Tribunal Supremo a raíz del Primero de Octubre. Tres casos que servían a Jové para argüir que estaban contaminados y ponían en entredicho la imparcialidad del procedimiento. Las circunstancias han querido que ahora Vox también vea que la presencia de los dos magistrados haga tambalear la neutralidad del tribunal y del juicio por carencia de imparcialidad y de la garantía de un proceso equitativo.
