Después de dos años y medio de una batalla procesal intensa, Albert Royo, exsecretario general del Diplocat se ha salido. La Audiencia de Barcelona le ha dado la razón, y acumulará la causa que tienen abierta Royo, y otros imputados como el ex consejero Raül Romeva, en el juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, al juzgado 13 que dirige la macrocausa contra el Proceso. Un hecho que supone ahora la ralentización de la primera investigación judicial contra el referéndum del Primero de Octubre y del que ya se ha abierto juicio oral por los dirigentes de ERC, Josep Maria Jové, Lluís Salvadó i Natàlia Garriga.
Así lo establece una interlocutoria de 27 de febrero, a la que ha tenido acceso El Mundo, de 14 páginas con que los magistrados de la sección segunda de la Audiencia de Barcelona estiman el recurso de apelación interpuesto por Royo, y al que se adhirió Romeva, contra la decisión del Juzgado 18 de derivar su instrucción al Juzgado 13. Una decisión que también le iba bien al juzgado que inició la causa contra el 1-O.
Maniobra de la Fiscalía
Desde un primer momento, la abogada Judit Gené entendió que la causa del 18 -que investiga la acción exterior de la Generalitat desde el 2011 al 2017- era una maniobra extraña de la fiscalía. El mismo razonamiento Ramon Setó, la representación legal de Aleix Villatoro, entonces secretario general de Exteriores con Romeva, que también impugnó la duplicidad de las causas. Ahora la magistratura le ha dado la razón con una argumentación fáctica, técnica y procesal incuestionable aceptante que son los mismos hechos y los mismos procesados. Además, los magistrados estiran las orejas a la fiscalía y a la abogacía del Estado por su actuación durante este proceso.
En este sentido, la Sala deja constancia en la resolución que es «completamente consciente» que con la decisión se produce un aumento de la complejidad de la causa seguida ante el Jutajt de Instrucción 13 al ampliarse los hechos y los investigados -o procesados-. Ahora bien, los magistrados resaltan que «no es menos cierto que esto no es exclusivo de este procedimiento» y recuerdan tanto al ministerio público como a los letrados de la Moncloa que por algo la ley procesal prevé las macrocausas.
Casi dos años de trifulca procesal
El debate entre los dos juzgados viene de lejos y envuelto por el ministerio público. El año 2019, cuando ya prácticamente se había terminado la instrucción del 13, el ministerio público abrió unas diligencias secretas, las 309/19 de la Fiscalía, en base un informe del Tribunal de Cuentas sobre el gasto exterior de la Generalitat entre el 2011 y 2017. Una causa que fue a parar al Juzgado 18 de Barcelona, con los mismos procesados y la misma investigación. Los abogados constataron que los dos juzgados estaban instruyendo sobre los mismos hechos. De hecho, se levantó la sospecha de un fraude procesal por parte de la fiscalía dando por sentado que había abierto otra causa a la vista que el 13 ya había cerrado la investigación con el informe del Tribunal de Cuentas incluido. Así, la fiscalía en una maniobra por no dejar acusados ni acusaciones en el camino abría otra causa por si acaso el 13 no implicaba otros hechos o investigados.
Inmediatamente se abrió un proceso de inhibitoria para determinar la competencia. El juzgado 13 no quiso decidir y la Audiencia obligó a que lo hiciera. Rechazó acumular la causa. Y finalmente, se apeló de nuevo a la Audiencia, enimgi de otra derivada procesal porque la jueza ya terminado la instrucción a pesar de que restaban algunas diligencias para cumplir. Ahora la Audiencia, en su decisión repasa un a uno los hechos de los que se incrimina en Royo, Romeva y Villatoro y concluye que son los mismos hechos. Es más, sospecha que hay de nuevos pero con una clara conexión y conectividad con la causa del 13 que se tienen que investigar conjuntamente.
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