El próximo cinco de septiembre, el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) presentará un escrito en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca, en el proceso de ejecución de la sentencia que le obliga a devolver los frescos de Sixena. Es la fecha en la que termina el plazo de diez días para presentar el cronograma alternativo al del Gobierno de Aragón para la devolución de las pinturas así como cualquier otro documento, prueba o manifestación sobre el cumplimiento de la resolución. Los servicios jurídicos de la institución llevan semanas preparando el escrito, basado en la misma estrategia que hasta ahora. Es decir, acreditar el desastre patrimonial que supondría el traslado de unos frescos calcinados.
Pero, el MNAC espera una reacción que sería, posiblemente, la única que podría detener el traslado. Un informe del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), una institución que depende directamente del ministerio de Cultura, actualmente en manos del catalán Ernest Urtasun (de los Comunes) y del secretario general de Cultura, Jordi Martí, exconcejal del PSC y de los Comunes y exgerente del Ayuntamiento de Barcelona con Ada Colau de alcaldesa. Además, cabe tener presente que Martí es vicepresidente del MNAC y ha recibido todas y cada una de las comunicaciones judiciales respecto al litigio, así como el posicionamiento de la institución en defensa de los frescos.
«El poder del IPCE es enorme y tiene la obligación de decir algo porque las pinturas son Bienes de Interés Cultural», aseguran fuentes del MNAC. La comunidad técnica y el MNAC lamentan que el IPCE, hasta ahora, «se ha puesto de perfil». Una diferencia sustancial con otros casos como el traslado del Guernika, de Pablo Picasso, que se encuentra en Madrid a pesar de las insistentes reclamaciones del gobierno vasco. El IPCE es una Subdirección General dependiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, y depende directamente del gabinete ministerial que elige a su responsable. Su tarea es la investigación, conservación y restauración de los bienes que conforman el Patrimonio Cultural.
Un instituto para estos casos
Legalmente, la tarea del IPCE es «la investigación, conservación y restauración de los bienes que conforman el Patrimonio Cultural». De hecho, esta institución se enorgullece en la presentación de su página web de llevar a cabo una «tarea compleja que el IPCE aborda desde una perspectiva multidisciplinaria, a través de su personal: arquitectos, arqueólogos, historiadores del arte, etnógrafos, restauradores, físicos, geólogos, químicos, biólogos, documentalistas, informáticos, bibliotecarios, archiveros y conservadores, entre otros».
Una tarea que «emana del compromiso social, de naturaleza constitucional, de la Administración General del Estado, junto con el resto de las administraciones públicas, para la preservación y el enriquecimiento del patrimonio cultural».
Una de las funciones del IPCE es determinar el deterioro de las obras y los riesgos que puede conllevar su manipulación. De hecho, tiene varias vías para solicitar o elaborar por propia iniciativa informes científicos y técnicos sobre obras de arte que se deben restaurar, trasladar o manipular. Uno de los precedentes de instituciones oficiales como el IPCE en el caso de Sixena fue el 14 de diciembre de 2017 cuando el Comité Español del Consejo Internacional de Museos (ICOM) emitió un comunicado donde condenaba y alertaba del peligro de trasladar las pinturas murales.
Solo un informe
De hecho, el MNAC ya ha presentado varios informes técnicos sobre el riesgo y «la alta vulnerabilidad» que supondría sacar del museo las obras de Sixena y llevarlas hacia Aragón. Con el agravante de que aún no se sabe dónde se instalarían de nuevo los frescos y en qué condiciones, porque la sala capitular del monasterio de Sixena no está preparada ni acondicionada para exponer estos delicadísimos murales. El MNAC aún presentará más informes y es previsible que varios museos de cabecera internacional así como instituciones de reconocido prestigio en el ámbito del patrimonio artístico hagan oír su voz. No se puede obviar, que el MNAC participa de las redes internacionales más prestigiosas de la museística internacional.
Pero echan de menos, y recriminan esta desaparición, la voz del ministerio, que puede ser clave en este caso, como ha pasado en otros casos. Un ministerio que hasta ahora ha pasado la pelota al MNAC. «Se debe cumplir la sentencia», insistía el pasado 27 de julio el ministro. En este sentido, recordaba que son los técnicos quienes tienen que «ver de qué manera se hace». «Esta ha sido nuestra posición desde el principio y ahora le toca al patronato del MNAC tomar las decisiones oportunas en este sentido», añadió obviando la posibilidad del IPCE. Un informe de esta institución detendría el traslado.
Ningún juez ignoraría un informe del IPCE en contra del traslado de los murales
Fuentes del MNAC comentan a El Món que Urtasun y Martí «conocen perfectamente el caso». «Un informe de los expertos del IPCE que, casualmente, son catalanes, podría paralizar el traslado de las obras, es el Estado mismo quien detendría una decisión en defensa del patrimonio, y la sentencia se podría ejecutar de otra manera», apuntan las mismas fuentes. «Si lo dice el ministerio va a misa”, aseguran. El ministerio conoce perfectamente el caso. Al fin y al cabo, Jordi Martí, número dos de Urtasun es vicepresidente del patronato del MNAC, y exgerente del consistorio barcelonés y un reconocido gestor cultural.
«A ningún juez se le ocurriría no tener en cuenta las advertencias del IPCE», remarcan. De hecho, se podría incluso abrir una causa penal contra la jueza si a pesar de las advertencias de los técnicos y los expertos las pinturas terminan siendo trasladadas y se dañan, ya que sería una conducta que se encuadraría en el delito previsto en el artículo 323 del Código Penal. Un delito que castiga con la pena de prisión de seis meses a tres años -o multa de doce meses a veinticuatro- quien cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. Si los daños son de gravedad, como sería el caso, porque son bienes especialmente “relevantes”, la pena se podría aumentar. También el artículo 324 prevé una pena similar si el delito se produce por imprudencia.
El peso del Estado se hace notar
No se puede olvidar que el Museo Nacional de Arte de Cataluña es un consorcio con personalidad jurídica propia e independiente de la de sus miembros, constituido por la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y, desde 2005, por la Administración General del Estado. El peso del Estado se hace notar y, más ahora, que las tres administraciones tienen el mismo color político. Un hecho que desde el museo creen que se debería traducir en beneficio de la protección de las pinturas.
Además, las otras dos vicepresidencias del consorcio están en manos de la consejera de Cultura, Sònia Hernàndez -que no puede negar la importancia de la conservación del patrimonio pues fue directora general de Patrimonio con el Gobierno de ERC-, y de la mano derecha del alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, la exdecana del Colegio de Abogados de Barcelona que se puso de perfil con la represión contra el independentismo. Por tanto, las tres instituciones están en manos de una misma coalición política que puede presionar al ministerio para que ponga negro sobre blanco la imposibilidad de trasladar las pinturas. Una posibilidad que demandan desde el MNAC.
¿Un pacto político?
Una situación que hace sospechar de la existencia de un pacto político entre las tres administraciones a través del PSC. Justo antes de la sentencia se registraron dos visitas bastante llamativas del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a Aragón, que han despertado todo tipo de suspicacias. Una primera, el 15 de marzo, donde fue la estrella invitada del 18º congreso del PSOE de Aragón, compartiendo un debate con la líder de los socialistas aragoneses y ministra de Pedro Sánchez, Pilar Alegria. Ambos se elogiaron mutuamente en una charla titulada ‘Aragón y Cataluña, vecindad y entendimiento”. Luego, otro catalán, el ministro de Industria, Jordi Hereu, fue la estrella invitada del congreso.
Dos meses más tarde, Illa regresó con toda la pompa a Aragón. En esta ocasión fue el 25 de mayo, donde el presidente fue el ponente de un desayuno informativo, con una nutrida representación política, económica y social aragonesa, y con la ministra Pilar Alegria, de maestra de ceremonias. Un acto al que también asistió Marcel·lí Iglesias, el expresidente aragonés nacido en la Franja y catalanoparlante que hizo buenas relaciones con la Generalitat. El presidente de la Generalitat volvió a insistir en la pacificación catalana. Luego, Illa y la ministra visitaron la planta en Épila de BonÀrea, una empresa de Guissona (la Segarra) que ha decidido invertir allí hasta 400 millones de euros. Unas visitas que, fuentes del gabinete jurídico de la Generalitat, relacionan con la escasa respuesta institucional y jurídica a la sentencia del Supremo.
El Guernika, un precedente evidente
Uno de los ejemplos del poder del ministerio es el no traslado a Euskadi del Guernika, de Pablo Picasso, actualmente en el Reina Sofía de Madrid, a Euskadi. De nada han servido las propuestas y las iniciativas del gobierno vasco o del PNV o EH Bildu en el Congreso. Ha sido el ministerio quien ha impedido el traslado alegando el «riesgo que supone el traslado». La polémica del Guernika viene de lejos pero más en el marco político que no judicial. De hecho, ha producido alguna situación políticamente extraña. Por ejemplo, en enero de 2024 el diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea reclamó a Urtasun, en una comparecencia en el Congreso, el retorno del cuadro. El portavoz vasco reclamaba al ministro «tomar decisiones políticas» y que no se «escudara» en lo que decían los técnicos, según los cuales el traslado es «imposible». «No sabemos ni por qué ni sobre la base de qué criterios dicen que esto es imposible», argumentaba Agirretxea. Urtasun se limitó a responder que sabía que era «una reclamación histórica», sin añadir nada más.
De hecho, su antecesor, Miquel Iceta, en el año 2022, a reclamación de EH Bildu, calificó de «crimen poner en riesgo la obra, ya que los informes técnicos desaconsejan el movimiento del Guernika«. Iceta añadió, entonces, que en 1998 se celebró un simposio internacional sobre los problemas «éticos y técnicos» de la manipulación de obras de arte, poniendo el Guernika como ejemplo y que concluyó con un informe que «desestimaba cualquier traslado, incluso el cambio de sala en el mismo Reina Sofía». «En cambio, ahora el silencio del ministerio con Sixena es clamoroso», expresan fuentes del MNAC.
