Uno de los nombres que más ha sonado en el conflicto de los murales de Sixena que el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) ha conservado y restaurado, es el del actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Básicamente, porque es el responsable político de uno de los pocos organismos que puede detener la confiscación de las pinturas. En concreto, el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), una institución que depende directamente del ministerio de Cultura.
El IPCE es una Subdirección General dependiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, y depende directamente del gabinete ministerial que elige a su responsable. Su tarea es la investigación, conservación y restauración de los bienes que conforman el Patrimonio Cultural y entre sus funciones se cuentan determinar el deterioro de las obras y los riesgos que puede conllevar su manipulación.
Como ejemplo, el caso del Guernica de Pablo Picasso, que el ministerio se opuso al traslado a Euskadi por el riesgo. De ahí que el MNAC reclamara al IPCE que se moviera y más cuando el secretario general de Cultura del ministerio, Jordi Martí, forma parte del patronato del Museo además de haber sido gerente y posteriormente concejal con Ada Colau de alcaldesa. Urtasun, la semana pasada, informó que el ministerio ya ha comenzado a trabajar en estos informes con expertos del MNAC, de la Generalitat y del Ayuntamiento. Unas palabras que han provocado la reacción, con su estilo habitual, del director general de Patrimonio de Aragón, excomunista y ahora simpatizante de Vox y PP, Pedro Olloqui, quien ha enviado una carta al Juzgado y al mismo ministerio, exigiendo frenar al ministerio. Urtasun, sin embargo, asegura que ya se ha superado la etapa judicial y la política y es «la hora de los técnicos«.
Urtasun pide calma
Olloqui, que nuevamente trató el comportamiento de los técnicos y de las instituciones catalanas de “colonial”, justificó la carta y la petición al juez para tener claras “todas las acciones que se están llevando a cabo en relación con las pinturas”. En rueda de prensa, Olloqui advirtió que, a su parecer, cualquier actuación “debe contar con la autorización de quien es propietario” y de ahí que lo haya denunciado al juzgado de Huesca. Asimismo, desde el MNAC también dejan entrever que están esperando la reacción del ministerio y del IPCE. En todo caso, Olloqui ha cargado contra lo que califica de “doble lenguaje” del gobierno español que, por un lado, insisten que hay que cumplir las sentencias y por otro, hay ministros como Urtasun, que colaboran para “impedir el traslado”.
Urtasun ha evitado la polémica y ha utilizado su talante diplomático. En una entrevista en Catalunya Nit de este martes, el ministro aseguró que los “técnicos del ministerio están a disposición del MNAC, y han estado y estarán”. En todo caso, se ha dirigido a Aragón dejando claro que Sixena tiene tres fases: “La de los tribunales, la de la política y la de los técnicos, y ahora es la hora de los técnicos”.
