La disputa dentro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no solo no se calma, sino que se incrementa. Tras la crisis por el reparto de las comisiones y la ruptura del pluralismo dentro del órgano de dirección de jueces y magistrados, ahora una nota de prensa oficial del CGPJ ha agitado aún más los ánimos del sector progresista, el sector que más ha perdido en esta última batalla. Así los vocales Ángel Arozamena Laso, Lucía Avilés Palacios, Ricardo Bodas Martín, Esther Erice Martínez, Bernardo Fernández Pérez, José Mª Fernández Seijo, Inés Herreros Hernández, Luis Martín Contreras y Argelia Queralt han firmado un comunicado donde muestran su “profundo desacuerdo” con la nota de prensa que se publicó ayer que explicaba la renovación de las comisiones del CGPJ.
El comunicado, durísimo en el tono, reprocha que la nota “no ha sido consensuada ni aprobada por el Pleno, por lo que no representa la posición del Consejo General del Poder Judicial, sino una versión unilateral elaborada por la presidenta”. De hecho, interpretan que Isabel Perelló, junto con el magistrado tarraconense, Carlos Hugo Hurtado, han dejado plantado al sector progresista, al que en principio pertenecían y garantizaban el consenso. En el comunicado, los vocales progresistas advierten que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige que los vocales de las comisiones sean elegidos anualmente por el Pleno, “pero no impone la renovación anual de su composición, salvo la Comisión Permanente. “La presidenta ha convertido esta interpretación libre en una imposición inédita, rompiendo el consenso alcanzado en 2024 y alterando el funcionamiento estable de las comisiones”, critican los vocales.
“Procedimiento arbitrario”
El comunicado que analiza la nota de prensa con la que se comunica el cambio en las comisiones asegura que el procedimiento seguido ha sido “arbitrario y contrario a la práctica institucional”. “Se nos exigió incluir nombres de vocales del otro grupo en nuestras propuestas, a pesar de que la presidenta había instruido lo contrario y que los acuerdos previos fijaban un reparto equilibrado”, indican. Una situación que llevó a una votación final después de apenas “unos minutos de deliberación y dio lugar a una composición cerrada y desequilibrada, aprobada con los votos del bloque conservador, el vocal Preciado y la presidenta”. Sobre todo en la composición de la comisión permanente, es decir, el órgano que maneja las cerezas dentro del poder judicial.
“Lejos de mantener los equilibrios iniciales, el resultado ha supuesto una clara ruptura del pluralismo interno: se han marginado vocales progresistas de comisiones en las que ejercían su labor, se ha consolidado una mayoría conservadora en la Permanente y se ha ignorado la experiencia y la especialización de varios miembros”, enfatizan. “Todo ello configura una lógica de exclusión y control, ajena al espíritu de colegialidad que debe regir el órgano de gobierno del poder judicial”, critican sin tapujos. Una situación que, a juicio de los vocales progresistas, ha llevado a que la presidenta “quiebre las condiciones de confianza y respeto personal que ella misma proclamó al inicio del mandato”.
“Lo que ha ocurrido no es una mera reorganización interna: constituye la ruptura deliberada del consenso que había permitido el funcionamiento equilibrado del Consejo durante el primer año”, alertan. Los vocales “lamentan” lo que califican de “retroceso, que socava la legitimidad institucional del CGPJ y distorsiona su imagen pública”. Y despiden el comunicado con un contundente: “Reafirmamos, ante cualquier intento de instrumentalización, nuestro compromiso con un Consejo plural, transparente y fiel a su mandato constitucional de garantizar la independencia judicial y el buen servicio público de la justicia”.
